Este viernes y a través de Twitter, el presidente Alberto Fernández realizó el anuncio que luego formalizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En su cuenta en la red social, el mandatario señaló que «la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen».

De esta manera, el Gobierno Nacional expresó la decisión de que la telefonía celular, internet y la televisión por cable sean servicios públicos esenciales. Asimismo, dispuso el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre e, incluso, el incremento de ellas deberá contar con previa autorización estatal. El flamante anuncio fue ratificado horas más tarde mediante un DNU, en el que se establece que el Estado recupere las herramientas regulatorias, conservando la gestión privada.

Los titulares de las empresas y la oposición al Gobierno no tardaron en levantar la voz ante esta medida. En este sentido, los empresarios se manifestaron sorprendidos y alertados por lo que consideran un “duro golpe” y, además, numerosos usuarios notificaron que el servicio de cable e internet el mismo viernes se “cayó” en horas de la tarde (¿casualidad?).

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio, Federico Pinedo, escribió en Twitter: «La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis».

En franca contradicción con estos dichos, el dirigente Juan Grabois señaló: «En los barrios populares muchas compañías deniegan el servicio de internet y los sistemas prepagos son un abuso. No hay economía del conocimiento si dos de cada tres pibes pobres no tienen conectividad. El anuncio de Alberto Fernández es una excelente noticia para revertir esta injusticia”.

Asimismo, Verónica Tenaglia, quien representa a la Comuna 4 (vecinos de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), afirmó en la misma red social que “democratizar el acceso a internet y a las telecomunicaciones es dar un paso firme hacia una sociedad justa y con futuro».

Esta disposición es, sin dudas, recibida con mucho beneplácito por gran parte de la sociedad, principalmente para las y los usuarios afectados por el contexto de crisis económica, quienes se endeudan o cancelan los servicios.

En el contexto actual dependemos, por ejemplo, del servicio de internet para cuestiones elementales como trabajar, estudiar e incluso realizar consultas médicas. A su vez, la pandemia visibilizó que contamos con lugares en el territorio nacional que no cuentan con acceso a la conectividad, lo cual se traduce en que muchos niños, niñas y adolescentes no puedan seguir con continuidad sus clases, privándolos del derecho a la educación. Argumentos que reclaman la presencia estatal, pero que parecen no tener peso para algunos políticos.