El pasado 7 de diciembre un tembloroso Pedro Castillo, por aquel entonces presidente del Perú, anunciaba el cierre del Congreso. Accionar que remitía al de su antecesor, Alberto Fujimori, quien en 1992 había disuelto el Parlamento y, junto al apoyo de las Fuerzas Armadas, realizaría lo que fue conocido por aquel entonces como un autogolpe. No obstante, el profesor cajamarqueño no correría con la misma suerte, ya que bastaron solo horas para que se declarara su vacancia, fuera detenido por la policía nacional cuando se aprestaba a pedir asilo en México y se declare a Dina Boluarte en su reemplazo, dando lugar así a un nuevo episodio en la historia peruana contemporánea, con un Golpe de Estado frustrado, acusaciones de corrupción y una feroz represión, hechos que potenciaron la deslegitimación de las instituciones, el descreimiento en los medios de comunicación, entre otras problemáticas que ya son estructurales del país andino. Y que nos lleva a preguntarnos: ¿qué sucedió con aquel hombre común que se presentó como interlocutor de los humildes? ¿Es Castillo el tirano que muestran algunos medios locales? ¿Cómo es posible un Golpe sin apoyo? ¿Perú es un país estructuralmente racista que rechazó un mandatario campesino? ¿Los problemas estructurales son el caldo de cultivo para futuros estallidos sociales? ¿Cuál es el peso de los años fujimoristas en esta historia?

La llegada de Pedro Castillo al gobierno se da en un contexto de crisis del régimen político, tras la caída abrupta y consecutiva de cinco de sus antecesores en el cargo, logrando abrirse paso entre figuras de mayor peso tales como Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. En un principio sin llegar a superar el 1% de los votos, ante el descreimiento de la población en las votaciones, el correr del tiempo aceleró la premura en tomar una posición, lentamente el maestro rural fue abriéndose camino con sus maneras afables, cercanas al pueblo.

Tuvimos acceso a dialogar con el periodista peruano Julio Blanco de la Izquierda Diario Perú, quien nos brindó las siguientes palabras sobre la aceptación del exmandatario: “Se instaló por qué no provenía de la ‘partidocracia’, de la política tradicional. Era común y corriente, un profesor, dirigente sindical que venía de liderar una lucha importante del magisterio en 2017 que hizo retroceder al gobierno de Pedro Kuczynski, entonces la gente lo veía como un tipo cercano como ellos, combativo y coherente. Él es de Cajamarca, de la zona rural, es de la zona pobre del departamento (provincia) más pobre. Se reivindicaba como profesor y campesino, no tenía reparos en decirlo, en mostrarse como una persona humilde. En medio de esa crisis de liderazgos emerge un hombre que se mostraba como cercano y afín a los humildes y la gente del Perú profundo volcó su apoyo a él. Sumando a que en campaña hizo mucho énfasis en cambiar la Constitución. En pleno COVID-19 hacía reuniones en plazas y las llenaba, no tenía infraestructura, llegaba en un camioncito. Era gente que espontáneamente iba a escuchar al profesor y su eje era el cambio de Constitución y reformas al modelo neoliberal, con mejoras al agro y trabajadores”.

De este modo, el profesor logra posicionarse en una primera vuelta con el apoyo de los votantes del interior del país y consolida su triunfo en segunda vuelta con la clase media urbana, haciendo eco del “voto bronca” en rechazo a la corrupción encarnada en la figura de Keiko Fujimori, “vamos a votar por Castillo, así sea tapándonos la nariz”, se habría repetido en parte de la población limeña.

Para comprender cabalmente la correlación de fuerzas es preciso poner la mirada en la desigualdad existente entre Lima y las provincias. En este sentido, Julio Blanco expresa lo siguiente: “Acá se habla de dos Perú, uno es el oficial, el de Lima, y otro es el profundo, el interior. No se ha superado el centralismo heredado de la época colonial. Lima alberga la mayor cantidad de pobladores y recursos, pero no los distribuye. En el interior, por ejemplo, se realizan actividades mineras de mucha importancia, tales como las minas de Moquegua o Toquepala, donde igualmente se alberga una pobreza muy grande, entonces, la población no se siente identificada con las políticas limeñas. Por su parte, en Lima también hay pobreza, en los barrios marginales, las llamadas zonas de los cerros, pero está presente la ilusión del ascenso social y cierta idea de emprendedurismo en el discurso”. Dichos condimentos dan lugar a un interior más reaccionario, comprometido con la movilización social y con una tradición de lucha, tal es el caso de la resistencia anti minera que tuvieron sede en Arequipa, Cuzco, Cajamarca y Moquegua.

Al respecto de esta disparidad entre Lima y el Perú profundo, Blanco señala: “A raíz de la insatisfacción de las necesidades básicas y del descredito de las instituciones aquí ha empezado a calar la idea de un cambio de Constitución, por eso muchos lo toman. La prensa oficial ha puesto esa demanda debajo de la alfombra, con la intención de que no se discuta el carácter del régimen, sosteniendo que son un puñado de revoltosos, pero no lo son. Acá vas a un mercadito en el interior y si conversas con una persona humilde y sin formación política seguramente te va a decir que quiere el cambio de Constitución, la gente asocia la pobreza, el desempleo y la corrupción a la Constitución”.

En este aspecto, es relevante la herencia de los años fujimoristas, puesto que esta Constitución fue redactada en dicho gobierno en pleno auge del modelo neoliberal, con la instrumentación de un régimen de precarización laboral, pérdida de derechos e informalidad, aspectos que hoy en día son moneda corriente de la economía peruana. “Principalmente en el interior se encuentran trabajando en servicios, pequeños comercios o agricultura, aquí no hay industria. Se trata de trabajos informales y precarizados, con sueldos muy bajos. El 70% de la población económicamente activa está en la informalidad. Todo esto se avaló con la Constitución de Fujimori, asimismo, la privatización de empresas públicas, en un marco de generalización de la corrupción, con negociados entre funcionarios y empresarios privados”, sostiene nuestro interlocutor.

En este punto resulta llamativa la mirada peyorativa existente en gran parte de la sociedad sobre el activismo político y la movilización, expresada (paradójicamente) por la propia política tradicional e instrumentada por los medios hegemónicos, que ante propuestas o declaraciones alejadas del establishment evocan a un violento pasado reciente, aquel de Sendero Luminoso que sobrevuela como un fantasma, por lo cual, no resulta extraño escuchar el mote de “terruco” (terrorista) a todo aquel que se corra unos centímetros de la Derecha.

Además, cabe destacar que las organizaciones armadas fueron protagonistas del Perú entre los años 80′ y 90′, dejando un saldo de más de 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad. Ahora bien, Alberto Fujimori hizo de la lucha contra el terrorismo su bandera política, convirtiendo la consigna de la “pacificación nacional” en la justificación a los excesos y violación de los derechos humanos que posteriormente cometería y que le daría el consenso para el Golpe de Estado de 1992.

“A raíz de la asunción de Dina Boluarte y sus medidas represivas con los movimientos populares, recobró fuerza lo conocido como ‘terruqueo’ y se elaboró un discurso en torno a que quienes protestan y son más radicales en sus posturas pertenecen a Sendero Luminoso o el MRTA. Estas organizaciones ya fueron derrotadas por el mismo ejército y también por la propia población que les dio la espalda, aislando a sus líderes que terminaron presos y alejados de la acción política. Si bien puede haber quedado alguno, carece de presencia real y capacidad de influir directamente y menos a través de métodos armados. Este conflicto generó un gran trauma en la población, es por eso que cuando ocurren eventos de gran intensidad, los sectores de Derecha reviven el fantasma del terrorismo y lo usan para deslegitimar, exacerbando el miedo y estigmatizando a quienes luchan. Incluso ha sucedido con candidatos de Izquierda que no tienen nada que ver con estas organizaciones, como fue el caso de Verónica Mendoza o el propio Pedro Castillo”, dice Blanco, y agrega: “A diferencia de otros países, aquí las Fuerzas Armadas salieron potenciadas, no hay un cuestionamiento, acá eran héroes y hasta ahora son héroes de la patria por la pacificación. Esto hace parte de la particularidad peruana”.

La fugaz experiencia del exmandatario puso en órbita las prácticas de un Estado excluyente y racista, con la construcción mediática de un Castillo ignorante e inoperante, características emanadas de su origen campesino y humilde y que no tendrían lugar en un país donde una mayoría intenta imponer el ideal de blanquitud asociado a la formación y prosperidad, utilizando el término “cholo” con la finalidad de desacreditar la idoneidad de una persona.

Asimismo, sostiene el periodista que “se desnudaron males estructurales, vinculados a nuestra herencia colonial, la dominación de clase acá se acompañó de una opresión racial muy grande. Se construyó una legitimidad para el Estado republicano. En 1824, el Estado asumió el castellano como idioma oficial, siendo que en ese momento el 80% de las personas eran indígenas y hablaban quechua o aymara. A ver si la tesis es correcta y a Castillo lo rechazaron porque se derechizó, ¿por qué aceptaron a otros? Otros como Ollanta Humala (expresidente), por ejemplo, que no provenía de Cajamarca ni era campesino ni profesor sino militar. Tenemos el caso de Toledo que, si bien era tildado de indio, no se sentía como tal, él reivindicaba su pasado en Harvard y vendía a la opinión pública una historia meritocrática del indio que bajó de la sierra, fue limpiabotas y producto de sus capacidades fue exitoso, se ‘blanqueo’. Sin embargo, Castillo venía del campo, hacía gala de ello y no estaba rodeado de los típicos doctores capitalinos, los de siempre, los egresados de universidades pitucas, se veían personas con apellidos andinos, gente del pueblo que generaba una animadversión tremenda en los sectores de poder”.

Respecto al saldo del reciente conflicto y la configuración del escenario de cara a las próximas elecciones, Blanco concluye que “la Derecha está muy golpeada también. A pesar de la imposición de Dina, hay un costo político, un descrédito. Días atrás el Congreso aceptó adelantar las elecciones, lo cual era un pedido de la ciudadanía. La demanda fue que se vayan lo más rápido posible, todos. Las elecciones se adelantan para el 24 de abril de 2024, es decir, van a gobernar hasta julio de 2024, esto no es bien visto por la población, ven un oportunismo en el conflicto.

De igual modo, ya se están comenzando de a poco a reconfigurar las alternativas, no obstante, la crisis es tan profunda que ha afectado a distintos espacios políticos. Creo que si las elecciones fueran mañana ganaría la abstención o el voto nulo”.

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