En Colombia, en los últimos cuatro meses 34 líderes políticos, sociales o comunales fueron asesinados y 107 son víctimas de violencia política a nivel nacional. Estos datos del Observatorio de Violencia Política y Social de la Misión de Observación Electoral (MOE) nos muestra una verdad que revela parte del ethos de la normalización de la violencia en nuestra sociedad: en este país y muchos otros de Latinoamérica se agrede a más de un líder por día y, pese a esto, la indignación no se canaliza para exigir la protección de los mismos.

La violencia política es un medio común usado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos «políticos», esto es, relacionados con los siguientes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

La violenta muerte de Marielle Franco el 14 de marzo del 2018 conmocionó a Brasil y mostró lo más oscuro de la violencia política en el país. A un año de este hecho repudiable, las investigaciones concluyeron que el sargento retirado de la Policía Militar, Ronnie Lessa, fue el autor de los trece disparos que dieron muerte a Marielle y su chofer Anderson Gomes. Asimismo, identificaron al conductor del vehículo en el que se movilizó el victimario como Elcio Vieira De Queiroz, también expulsado de la Policía Militar.

Según los fiscales del Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado, es indiscutible que Marielle Franco fue ejecutada en función de su actuación política en defensa de las causas en las que creía y apoyaba, y todo hace determinar que su asesinato estuvo planificado durante tres meses.

La lucha por los derechos de mujeres, los negros y la comunidad LGBT, así como la denuncia por los abusos policiales a comunidades pobres y vulnerables, fueron su sentencia de muerte.

La Justicia, a más de un año del crimen, confiesa demoras en la judicialización de los culpables tanto como una investigación lenta para encontrar justicia. La comunidad que Marielle acobijaba se encuentra huérfana y desconsolada, y los asesinatos siguen ocurriendo en varios países de Latinoamérica y parece no cesar. El Estado y su mano flaca contra los abusos para los líderes sindicales parece ser una máquina de picar carne que no se detiene.

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