En el mes de mayo la Legislatura Pporteña había aprobado una ley por la que se autorizaba a incinerar los residuos urbanos. Esta es una práctica que había sido prohibida en la década del 70′ cuando se creó el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), una empresa pública para encargarse de la gestión de residuos sólidos urbanos del área metropolitana. Por cuestiones ambientales se pasaba de la incineración a la creación de los residuos sanitarios, algo que con el tiempo también generaría inconvenientes con el medio ambiente. En cinco años se calcula que colapsarán los rellenos sanitarios.
Impulsada por el gobierno municipal, el legislativo porteño había aprobado la Ley 5.966 que habilitaba otra vez la incineración de residuos en el AMBA pese a las opiniones contrarias de grupos ecologistas, que argumentaban que regresar a esta técnica es un atraso, ya que en varios países europeos quedó de lado por ser contaminante e ineficiente. Además, modificaba la Ley Nº 1.854 de Basura Cero que, en forma explícita, prohíbe la quema de residuos.
Se queman fuentes de trabajo
Ambientalistas y cartoneros se oponen a esa norma porque sostienen que el sistema que respalda afecta a la salud y al medio ambiente, y temen por las fuentes de trabajo de recicladores. Hay unos 5.500 trabajadores cartoneros que se sustentan enteramente de la actividad de reciclaje y que sus puestos de trabajo se verían en peligro con la implementación de esta norma que incluye a organizaciones ambientalistas, activistas y abogados.
Luego de la sanción, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, La Cooperativa El Ceibo, La Cooperativa de Trabajo El Álamo, La Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, La Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, La Cooperativa del Sur, La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), La Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, patrocinados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron una acción de amparo colectivo ambiental a efectos de pedir la nulidad de la Ley Nº 5.966.
La causa recayó en el Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, a cargo de Elena Liberatori. La magistrada resolvió que no se incinere basura hasta que se cumpla el procedimiento legal o haya sentencia definitiva.
Los fundamentos de la sentencia
«Las cuestiones ambientales son materia legal (aspecto subjetivo) y tiene dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de Doble Lectura.
Que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996 –dictar el Código Ambiental- tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan por procedimiento común, una verdadera corruptela. Hay que descartar la argucia por la cual se aparta a la Ley 5.966 del procedimiento especial de doble lectura, ya que el artículo 89 de la Constitución utiliza el conector ‘y’ entre las palabras ‘materias’ y ‘modificaciones’ de lo cual surge que la materia ambiental -que es lo de este caso- puede o no estar codificada pero en ninguno de los casos, quedar por ello exenta del procedimiento especial de doble lectura.
Ante la evidencia contundente de que la ley motivo de análisis ha sido sancionada sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura, de acuerdo a lo informado por la Legislatura, corresponde hacer lugar a la petición cautelar suspendiendo así los efectos de una ley sancionada sin los requisitos de procedimiento Constitucional.»
«Provocación escandalosa»
Cuando se aprobó la ley la diputada de la ciudad Myriam Bregman (FIT) expresó que «asistimos a una provocación escandalosa del oficialismo. En la cara de las organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos que se movilizaron a la Legislatura para exigir el retiro del proyecto, el PRO logró su objetivo con los votos de los aliados de Carrió, el GEN de Stolbizer y Mejor Ciudad».
Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace, señaló que «la resolución de la Justicia avala el reclamo colectivo de las organizaciones que exigen la nulidad de una ley aprobada con un tratamiento express, sin el debate que requiere la Constitución de la Ciudad. Con esta irresponsable metodología, el Gobierno de la Ciudad buscó evitar el debate público y hacer pasar por alto la habilitación de una tecnología con la que intenta tapar su ineficacia para cumplir la ley de Basura Cero durante los últimos once años».
«Fueron más de diez años de intentos del Gobierno porteño para aprobar la incineración de residuos y matar la Ley de Basura Cero. Es una ley caprichosa que implica un retroceso ambiental enorme para la ciudad», agregó el ambientalista. «La incineración, en este contexto, no hará más que convertir en cenizas las toneladas de basura acumuladas debido a la ineficiencia del Gobierno para cumplir la ley. Según las metas establecidas por la Ley de Basura Cero, sancionada en 2005, la reducción de residuos en los rellenos sanitarios de la CEAMSE debió haber alcanzado un 75% en 2017. Sin embargo, solo se obtuvo una disminución del 26%», argumentó Mingo.
