En la madrugada de este jueves, se definió finalmente avanzar con la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares. Este proyecto fue iniciado por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), obtuvo media sanción durante las sesiones extraordinarias del Senado y, finalmente, recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados.
Entre sus principales modificaciones se encuentra la decisión de qué zonas periglaciares podrán ser intervenidas por proyectos mineros, a discreción de las provincias, en lugar de acatar lo que indica la ley y el inventario realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) sobre los glaciares que cumplen su función de ser reservas estratégicas de agua dulce.
Como parte del debate público que se realizó en las últimas semanas sobre qué pasaría si se avanzara con esta reforma, organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace, entre otras, denunciaban principalmente su inconstitucionalidad.
En primer lugar, remarcaban que era una reforma que violaba el principio de no regresión ambiental que está establecido en el Acuerdo de Escazú y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y prohíbe retroceder en los niveles de protección ya alcanzados. Asimismo, en este artículo también se establece que es el Gobierno Nacional el que debe fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental y que las provincias pueden complementarlo, pero no debilitarlo.
De la misma manera, esta reforma también encuentra conflictos con acuerdos internacionales que firmó el Gobierno Nacional, uno de ellos el del Mercosur y la Unión Europea (UE) que, paradójicamente, tuvo aprobación del Senado el mismo día en que se dictaminó la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares.
Este acuerdo establece que no se deben reducir los niveles de protección ambiental adquiridos con la intención de fomentar el comercio o la inversión. Es decir, completamente lo contrario a lo que está realizando el Gobierno Nacional con esta reforma. Según FARN, «esto debilitará la seguridad jurídica y la confianza que reclaman los inversores europeos para desarrollar proyectos en la República Argentina».
Frente a todo esto, la respuesta de las organizaciones ambientales fue el lanzamiento de una convocatoria a la sociedad civil para hacer «la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua».
Quienes completen el formulario con sus datos podrán ser parte de este impulso y reclamo judicial que se hará para demostrar el respaldo social al reclamo, visibilizar la magnitud del rechazo a la reforma y fortalecer la estrategia judicial y política.
Artículo elaborado por Karen Aballay.
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