El imperio contraataca: la extradición de Julian Assange a Estados Unidos se decidirá a finales de febrero del 2020.

Toma la patineta, que pareciera no estar diseñada para un espécimen de su envergadura, y la ubica de forma que haga tope con la puerta de entrada para aprovechar al máximo el espacio de la habitación que no debe superar los 15 metros cuadrados. Con la firmeza de un profesional, acomoda su pie derecho sobre la tabla y hace unos balanceos cortos como tomando carrera para despegar. Ella, sentada en uno de los sillones de elegante tapiz, contempla el momento y se le dibuja en el rostro una leve sonrisa de aceptación como la que les dan las madres a sus niños que juegan en el parque. En las paredes se divisan cuadros con retratos de, quizás, próceres y hombres ilustres de la República del Ecuador. Toma el impulso definitivo, se lanza y, apenas logra hacer equilibrio con los dos pies sobre la tabla, sale volando amortiguando el desliz que no llegó a ser caída. Acto inmediato, patea el skate hasta la puerta para intentar el truco una vez más. Ella sigue acompañando con su sonrisa de madre cómplice.

El hombre de condición esbelta y cualidades acrobáticas reflejado en el video filtrado por el diario español El País dista demasiado del Julian Assange de barba larga, melena recogida con colita y apariencia deteriorada que los agentes de la policía londinense sacaron a volandas el pasado abril del edificio de fachada colmada de ladrillos de vista y ventanales de marcos gigantescos.

El pasado viernes, una jueza del Reino Unido fijó fecha para el juicio de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Se decidirá a finales de febrero de 2020.

Tras la resolución emitida el 11 de abril por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, tras recibir nuevas promesas de créditos financieros de Washington, que anulaba el asilo otorgado hace casi ocho años atrás en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, la detención de Assange funciona como una comprobación más del aumento de la ultraderecha en el globo (Bolsonaro en Brasil, Macri en la Argentina, por citar algunos), específicamente del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos y de Lenín Moreno en Ecuador.

Reino Unido detuvo, finalmente, a uno de los hombres más buscados. Claro que esto no es un hecho apartado sino un mensaje dado por esos hombres que, cercenando derechos elementales que nos pertenecen, se atreven a idealizar con volver a edades donde imperaba la polarización y se castigaba a quienes develaban las confidencias y atrocidades que deshonraban a quienes ostentaban el poderío supremo y hegemónico.

Su detención y el proceso de extradición que tendrá que enfrentar, hace palpable y menester contar con instrumentos para proteger a aquellos que reproducen información en defensa del interés público y la ciudadanía. Como ciudadanos debemos tener el cometido imperioso de repudiar este sistema que resguarda a los adulterados, criminaliza a quien denuncia e infringe intensamente el derecho de los ciudadanos a la información, cimiento vital de la democracia. No debemos permitir un escenario donde quienes tienen el valor de alzar la voz contra la corrupción y otros delitos paguen un alto costo personal. De ninguna manera debería ser tratado como un criminal quien denuncia crímenes.

El fundador de WikiLeaks, a través de publicaciones realizadas a lo largo del año 2010, exhibió ante el mundo los crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses en Irak y Afganistán, además de publicar las primicias más resonantes en la historia del periodismo. Entre sus más grandes “hits” se encuentran los mails de Sarah Palin, un apache disparando a civiles y periodistas en Bagdad y cables acerca del funcionamiento interno de los regímenes corruptos que desencadenaron en la Primavera Árabe. Esta revelación fue imperdonable para Estados Unidos y, refugiándose en la figura del terrorismo y el planteamiento que afirma que atentó contra la seguridad nacional, exigen la persecución y un castigo modelo para este “delincuente”.

No hablo solamente de la privación de libertad sino, probablemente, del riesgo de ser víctima de las mismas torturas que dio a conocer y que padecieron otros alertadores. Basta con ver casos como el de Chelsea Manning, la exagente de seguridad informática de los Estados Unidos que fue la fuente que le suministraba a Assange los cables que luego publicaría. Por esto fue condenada a 35 años de prisión y despojada a tratos inhumanos y eventuales torturas denunciadas por distintos organismos como Amnistía Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego de siete años de prisión, Barack Obama al final de su gobierno (y muchos dicen que por presión mediática y social) le concedió el indulto a sus crímenes. “De allí no debería haber salido nunca”, dijo en 2017 Donald Trump, refiriéndose a Manning como “traidora desagradecida”, para luego volverla a encarcelar por no querer declarar en un juicio que investigaba a WikiLeaks.

Otro de los casos paradigmáticos, por ahora con final feliz, fue el de Edward Snowden: las revelaciones sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, hechas por el exempleado de la CIA, fueron un shock para la comunidad internacional. El autor de las filtraciones sobre la vigilancia de Washington contra su propio pueblo es clasificado como “traidor”. Tras pasar más de un mes en un aeropuerto de Moscú, Snowden recibió asilo temporal en Rusia bajo el pedido de Vladimir Putin.

Más reciente aún resulta la situación del periodista de investigación ruso, Iván Golunov, víctima de la corrupción que denunció en sus artículos. El caso de este corresponsal provocó la última ola de furia de la sociedad civil contra el poder en Rusia y de la que Occidente parece aún no dar cuenta con Assange.

A principios de junio, el periodista ruso que llevaba a cabo una investigación anticorrupción fue detenido en Moscú con drogas que, presuntamente, le pertenecían. El reportero afirmó que las drogas fueron colocadas adrede por los policías y vinculó el proceso que se armó en su contra con su investigación de las conexiones entre mafias, autoridades y servicios de seguridad de Moscú. Una corte decretó arresto domiciliario del periodista y diversos medios rusos, tanto opositores como oficialistas, salieron a denunciar irregularidades en la investigación. El 11 de junio el ministro Vladímir Kolokóltsev asumió el caso y el mismo día anunció el cierre del expediente contra Golunov debido a la ausencia de pruebas, y el periodista fue liberado del arresto domiciliario y todos los cargos que le imputaban fueron retirados. Días después, Putin anunció la destitución de dos generales de la policía por el arresto de Golunov.

Hace unas semanas en un medio estadounidense, el lingüista, filósofo y politólogo Noam Chomsky fue consultado por el arresto de Assange y opinaba lo siguiente: “WikiLeaks estaba publicando información sobre las personas que están en el poder y que la gente debería conocer. A las personas en el poder no les gusta eso, así que tenemos que silenciarlo. Este tipo de cosas, este tipo de escándalos, son algo común, desafortunadamente”, comentaba el intelectual.

Estamos, evidentemente, ante una situación crítica y dependerá de cada Estado y de su ciudadanía determinar la ampliación y creación de dispositivos de protección de alertadores a otros ámbitos para que así no tengamos que necesitar de más héroes como Assange, sino que podamos construir instituciones que puedan incorporar y fortalecer estos dispositivos y proteger a los alertadores.

El único amparo sostenible para enfrentar estas circunstancias es el fomento de una transformación a nivel sociocultural que no observe con apatía y satanice a los alertadores. La inserción de una legislación que resuelva y que recoja las recomendaciones internacionales es una zancada que ayudará a promover esa necesitada transformación y develar así la vereda para la cimentación de sociedades más justas y, por sobre todo, más democráticas.

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