Este domingo, grupos de seguidores de Jair Bolsonaro organizaron un intento de Golpe de Estado con la irrupción violenta y toma del Congreso en Brasilia, a una semana de la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva en la presidencia de Brasil.
Posteriormente, la multitud de manifestantes (integrada por aproximadamente 5.000 personas) se dirigió hacia la sede del Gobierno, el Palacio del Planalto, y al Supremo Tribunal Federal. En los sucesos no hubo accionar policial y, por este motivo, Lula decidió inmediatamente intervenir las fuerzas de seguridad hasta el 31 de enero «con el objetivo de poner fin al grave comprometimiento del orden público», anunció. Apenas se contabilizó una treintena de detenciones como consecuencias del acto golpista.
Asimismo, el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, expulsó de su cargo a Anderson Torres, secretario de Seguridad, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos junto a Bolsonaro que, precisamente, durante su mandato fue ministro de Justicia. Por su parte, Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal y opositor a la nueva administración, comunicó que la manifestación «no representa al partido ni a Bolsonaro».
De todas maneras, Lula advirtió que «hubo falta de seguridad y quiero decir que todas las personas que hicieron esto serán encontradas y punidas». «Lamentablemente, los que tenían que hacer la seguridad del distrito federal era la policía militar del distrito federal y no lo hizo. Hubo una incompetencia, mala voluntad o mala fe, ustedes vieron las imágenes de cómo los acompañaban» y continuó: «Esos vándalos, que podemos llamar nazis fanáticos, stalinistas fanáticos o mejor fascistas fanáticos, hicieron lo que nunca se hizo en este país».
Finalmente, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, advirtió que «estos actos antidemocráticos deben sufrir el rigor de la ley».
