Este lunes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, comunicó oficialmente el lanzamiento de una campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI).
De esta manera, el funcionario confirmó las intenciones del gobierno que encabeza Donald Trump para desarmar la organización, y adelantó que pedirá a los países aliados a Estados Unidos que abandonen su membresía, bajo el argumento de «meterse en sus asuntos».
«La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e, incluso, encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional», señaló Rubio, y afirmó que «libran una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional». Cabe mencionar que anteriormente la CPI investigó el accionar militar en conflictos como en Afganistán, donde comprobó abusos y violaciones al derecho internacional.
Entre las decisiones que la administración Trump planea implementar está el prohibir el ingreso al territorio norteamericano del personal de la CPI y sancionar a los miembros y entidades afiliadas, además de amenazar con la quita de beneficios a quienes apoyen a la Corte y presionar «a las naciones que se niegan a rechazar la supuesta autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos».
Previo a este anuncio, congelaron activos de las juezas Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou (Benín), Kimberly Prost (Canadá) y Solomy Balungi Bossa (Uganda), que integran el organismo. «La imposición de tales sanciones draconianas contra jueces internacionales no tiene precedentes», y «buscan ejercer presión extrajudicial», denunciaron. Esta medida de Estados Unidos es consecuencia del pedido de captura internacional para Benjamin Netanyahu por crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel en el conflicto con Palestina, y que busca «castigarlas por decisiones judiciales previas y obligarlas a dar prioridad a sus intereses privados por encima de decidir los casos sobre la base de la ley y los hechos». «Es el equivalente a la pena de muerte financiera», comunicaron desde la Corte, ya que las juristas no pueden utilizar tarjetas y bloquea sus economías, además de la prohibición de utilizar plataformas como Amazon y Google.
En línea con esta medida, Marco Rubio celebró anteriormente las penalizaciones contra los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia): «La CPI persistió en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción».
Finalmente, en la Argentina se da por sentado que el Gobierno Nacional adherirá al pedido de Trump del desmantelamiento de la entidad, y que Rubio aseguró que será «paso a paso, si es necesario», porque la Corte Penal Internacional «es un árbitro global sin rendición de cuentas».
Soy comunicador visual y social. Hace más de 30 años descubrí la magia de la radio y, desde entonces, la disfruto como escribir, una stout o el fútbol. Profe de Análisis Crítico de los Medios, Marketing Digital, Medios Digitales y Gestión de Emprendimientos. Empezar de cero es volver a ponerle el máximo de energía y entusiasmo a cada proyecto o desafío.
