Cataluña insiste con la independencia

En lo que fue un nuevo paso hacia la total autonomía política, el parlamento de Cataluña aprobó una resolución por la cual se promueve la independencia de esa región del resto de España. Con 72 votos a favor del total de los 135 escaños, el legislativo de la región instó a la Generalitat Catalana a iniciar «el proceso de desconexión democrática» de España en un plazo de 30 días.

En el texto aprobado se estipula que en el plazo de un mes empiece la tramitación de las «leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública» que pongan las bases de creación de la hipotética república catalana.

La norma sancionada contiene una serie de puntos con vistas a la secesión. El primero menciona que las elecciones autonómicas de septiembre demostraron una «mayoría de escaños» de fuerzas independentistas y una «amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado».

Además, se expresa que «el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional». Al respecto, considera que dicho tribunal está «deslegitimado y sin competencia» desde que en junio de 2010 emitió una sentencia en la que recortaba el Estatut aprobado en referéndum en 2006.

Asimismo y en un abierto desafío a Madrid, la cámara exhorta al gobierno regional a «cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados» del Parlament, para «blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español». Finalmente, se declara la voluntad de iniciar negociaciones para «hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república», tras poner el texto en conocimiento del Estado, de la Unión Europea y de la comunidad internacional.

Es importante destacar que el parlamento catalán insta a la desobediencia civil y la instauración de un nuevo Servicio de Seguridad Social y una Hacienda Pública catalana que recibirá los aportes de los ciudadanos que dejarán de pagar al fisco español y los abonarán al fisco catalán. Posteriormente se sancionarán otros «hitos fundamentales del proceso constituyente». También se establece un «anexo de desobediencia social» para poner en práctica una «ley de pobreza energética» y no aplicar la nueva ley de enseñanza, la ley Mordaza de seguridad pública y otras normativas legales del estado.

El debate catalán

Raúl Romeva, que encabezaba la lista de Junts pel Sí en los últimos comicios, sostuvo la propuesta de resolución independentista porque se trata de una «demanda masiva» de la población catalana. «Se cuente como se cuente, en votos o en escaños, el resultado de las elecciones expresa una voluntad clara, incontestable», dijo Romeva, quien calificó a esas elecciones como «el referéndum que no pudimos hacer», por el veto del Gobierno español a la consulta que se acabó celebrando hace un año. También manifestó que es «imprescindible para empezar a trabajar ya» y «dar respuesta a las urgencias y los retos sociales» que tiene la sociedad catalana. Finalmente, Romeva afirmó que la acción legislativa garantiza la  existencia de un Estado de derecho que ahora no se da y que permitirá luchar contra la corrupción y asegurará la separación de poderes.

Por otra parte, el diputado remarcó que el deseo de independencia no será frenado por la «artillería legalista», ante la suspensión que aprobará el Tribunal Constitucional tras el recurso que presente Madrid. «Si no es hoy, será mañana, ha llegado la hora de ir a por todas», afirmó.

Anna Gabriel, diputada de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), se ha sumado también a la defensa de la resolución al asegurar que se trata de «un acto de ruptura con la legalidad y la imposición española», pues «el Estado español no nos representa». Al igual que Romeva, Gabriel cuestionó el «fundamentalismo constitucionalista» y reivindicó la legitimidad democrática frente a la legalidad.

La centrista Inés Arrimadas, de la agrupación Ciudadanos (la segunda en número de escaños regionales), acusó al presidente en funciones, Artur Mas, de querer eludir con el proceso independentista su comparecencia ante la Justicia, ya que su propio partido, CDC, está involucrado en varios casos de corrupción.

El líder del Partido Popular, Xavier García Albiol, rechazó la postura de Romeva de que el deseo de independencia sea mayoritario en la sociedad catalana. «¿De verdad se creen que la mayoría de los catalanes apoya este camino?», señaló el diputado en su intervención y pidió una enmienda de modificación a la propuesta de resolución. García Albiol mencionó el aporte de los inmigrantes en la construcción de Cataluña y le expresó a Mas: «Ni usted ni nadie nos va a expulsar de España». El dirigente del PP subrayó que su partido «no va a permitir que nadie tenga que usar el pasaporte para salir de Cataluña».

Con 7,5 millones de habitantes, Cataluña aporta casi el veinte por ciento del Producto Interior Bruto español y, al ser una de las «regiones históricas» (con el País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno. Entre las competencias propias tiene su propia policía, la administración carcelaria, el empleo, la economía, educación o sanidad.

La respuesta de Madrid

Tras conocerse la decisión del Parlamento de Cataluña, Mariano Rajoy calificó a la resolución como «un proceso ilegal que desprecia la pluralidad de los catalanes» y adelantó que dio el primer paso para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista.

Rajoy dijo que firmó la solicitud de dictamen al Consejo de Estado para dictar la interposición a la iniciativa y que sea emitida en 24 horas. «Tras la reunión del Consejo de Ministros el miércoles, firmaré el recurso de inconstitucionalidad y solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de sus posibles efectos», señaló.

«España es cosa de todos, pensemos como pensemos. En los últimos días España recibió un fuerte apoyo a su democracia y a su unidad. La mayoría de la sociedad española está unida ante este desafío; la mayoría de la nación quiere la unidad», afirmó el Jefe del Poder Ejecutivo español y sostuvo que «el gobierno que presido no va a permitir que esto continúe. Estamos decididos a usar todos los medios para defender la democracia: solo la ley, pero toda la ley; solo la democracia, pero toda su fuerza para frenar el inútil empeño que ataca la convivencia. Ni Cataluña se va a desconectar de ningún sitio ni se va a producir ninguna fractura, nadie va a tener que elegir nacionalidad. Somos una nación libre y europea, una de las grandes potencias del continente, una sociedad de ciudadanos libre e iguales».

La presidencia catalana

Por otra parte, también se inició el debate respecto de la investidura del próximo presidente catalán. Artur Mas, que gobierna desde 2010, es el candidato propuesto por Junts pel Si, una coalición integrada por partidos independentistas y otras agrupaciones sociales y que triunfó en las elecciones del 27 de septiembre. Para ser nuevamente proclamado como presidente, Mas necesita del apoyo de los legisladores de CUP (izquierda radical independentista), lo que se le complica porque lo acusan de los casos de corrupción aparecidos en su partido y una política de recortes en el gasto social. Para ser electo en una primera vuelta necesita una mayoría absoluta, en un segundo intento solo hace falta mayoría simple.