Durante una sesión mixta realizada este jueves en la Legislatura Porteña, en la cual se contó con un porcentaje de los legisladores  presentes y otro que participó de forma virtual, se aprobó con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El proyecto de Ley fue presentado en el mes de febrero por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito  y contó con el apoyo de 42 diputados de un total de 60, para que la Ciudad adhiera al protocolo vigente a nivel nacional.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el procedimiento fue derogado, pero luego fue restablecido en 2019 cuando asumió Ginés González García como Ministro de Salud de la Nación.

Al respecto, vale mencionar que hasta el momento estaba en vigencia un protocolo restrictivo del año 2012. La aprobación que se consiguió es un gran avance en la conquista de derechos.

¿En qué consiste el Protocolo ILE?

La Interrupción Legal del Embarazo por causales es un derecho en nuestro país, según el Código Penal, desde 1921, en el que se establece que se tiene derecho a interrumpir un embarazo si es producto de una violación, si el embarazo es inviable, si está en riesgo la salud de la madre o si afecta física o psíquicamente su salud.

Además de estar garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados de Derecho Humanos, sentó precedentes el fallo “F.A.L” dictado en el año 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual una madre tuvo que llegar al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut para que le permitiera a su hija adolescente víctima de una violación interrumpir su embarazo. En este se establece que no se necesita de la denuncia ni autorización judicial para realizar una Interrupción Legal del Embarazo e incita al Gobierno Nacional y a las provincias a proporcionar las condiciones necesarias para que se lleven adelante las ILE de manera rápida, accesible y segura, para lo cual los Estados deben elaborar protocolos hospitalarios para su correcto funcionamiento.  

En este lo que se establece es una actualización que sirve como referencia para los profesionales de la salud que aceptan realizar la práctica y les brinda garantías ante la ley.

Lo que sucede es que a pesar que la ILE es un derecho en todo el país, los médicos y las instituciones no siempre brindan o informan a las personas gestantes y se encuentran obstáculos de diversa índole para su práctica. Con este protocolo se necesita que un profesional de la salud certifique la causa de interrupción del embarazo y, en el caso de niñas menores de 13 años, la declaración jurada no es necesaria. También establece que durante el procedimiento se tiene que respetar el derecho de la persona de decidir y elegir sobre su cuerpo, su salud y su vida. Incluso, permite que si los profesionales de la salud ejercen su objeción de conciencia siempre tiene que haber un profesional que garantice la atención.

Asimismo, se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder o a negarse a la ILE por sí mismas en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Sobre las menores de 13 años, pueden brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales o personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado. Y para las personas de 16 años o más, son consideradas como adultas en lo que refiere al cuidado de su cuerpo.

Otro de los puntos importantes que indica el protocolo es que toda persona tiene derecho a recibir atención médica integral después de una interrupción del embarazo.

En este contexto, es alarmante que todavía las provincias de Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán no se adhieran al protocolo nacional, según la estadística oficial del Ministerio de Salud.

Sin lugar a dudas, este es un gran avance al cumplimiento de los derechos y que garantiza el acceso a prácticas de calidad y seguras para que todas las mujeres y personas gestantes puedan interrumpir el embarazo sin riesgos.