Redes, celulares, salud, injusticia, miedo, víctimas, victimarios y politización, todas esas palabras son parte de una polémica que se desató con los presos en estos días de cuarentena y pandemia. El punto inicial, naturalmente, fue a su vez final de un proceso previo que fue incubando la revuelta y protesta de los presos del penal de Villa Devoto ocurrida este viernes.

Tras ese motín, el presidente Alberto Fernández se mostró más receptivo al pedido de los reclusos de conseguir excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la epidemia. «La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación pueden darse con mucha facilidad, hay también gente que tiene factores de riesgo», manifestó el Jefe de Estado y señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia. «Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control», precisó el primer mandatario en declaraciones radiales.

Una de las primeras opiniones en contra estuvo a cargo del propio titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien sostuvo que algunos jueces otorgan esos beneficios de forma irresponsable y que por ello les cabe el juicio político. Tres días después del motín, ya se liberaron más de 750 presos que recuperaron la libertad en la provincia de Buenos Aires y son más de 250 los liberados en las cárceles federales, según fuentes oficiales.

Al respecto, Massa señaló que «algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable» al liberar presos, y que podrían ser causal de juicio político si no informaron previamente a la víctima. «Las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error», manifestó el presidente de la Cámara Baja y explicó que, de lo contrario, «se rompe el principio de acuerdo de convivencia social del acuerdo».

Además, el tigrense remarcó que instruyó a la Oficina de la Víctima, que depende del Congreso, para iniciarles juicio político a los jueces que no den vista a la parte víctima de los delitos y procedan a la liberación de los detenidos.

Órganos oficiales

Ante las declaraciones de Massa, Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, señaló que “Massa o quien estime que se vea afectada la imparcialidad del magistrado puede hacer la denuncia, pero eso no va a ser motivo para que el juicio pueda prosperar».

Según manifestó Lugones, para comenzar un proceso judicial “tenemos que estar en supuesto de prevaricato o cohecho. Es decir, que el juez fue convencido a través de un método que no sea idóneo para tomar la decisión”, y sentenció: “Si no se dan esos dos supuestos, no va a prosperar».

Por otra parte, el funcionario rechazó que la cantidad de presos liberados sean un millar y sostuvo que “no llegan ni a 200”, a la vez que precisó que en cada caso se evalúa la salud del preso y la gravedad del delito que haya cometido quien solicita el beneficio de excarcelación. Lugones también subrayó que, en muchos casos, los penales cuentan con hospitales para atender a esos internos, pero cuando «hay problemas de hacinamiento, eso no se puede dar, y hay que otorgar la domiciliaria tomando recaudos de seguridad para los vecinos del interno».

Críticas opositoras

Ante este cruce de versiones, el presidente del bloque bonaerense de diputados de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, le envió una carta al titular del cuerpo, Federico Otermín, para solicitarle que, «con la mayor urgencia que sea posible», convoque al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a una reunión con los jefes de bloque para informe de las medidas que se implementarán desde el Poder Ejecutivo de la provincia.

El PRO nacional, en tanto, expresó en un comunicado que “no son admisibles las presiones a jueces para que liberen masivamente a los detenidos y tampoco son admisibles las recomendaciones, ya que expresan un paternalismo jurídico que banaliza el principio de la independencia y, por ende, ofende la Constitución». En el texto, firmado por Patricia Bullrich, Jorge Macri, Federico Angellini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli y Omar de Marchi, el PRO planteó una contradicción con la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que había dicho que iban a perseguir a los jueces que no cumplieran con la Ley de Víctimas.
La UCR se mostró totalmente opuesta a la concesión de presiones domiciliarias y consideró que estamos ante una “epidemia de delitos”.

El centenario partido afirmó que la pandemia “le ha servido al oficialismo como excusa ideal para avanzar contra la división de poderes”, y que ahora no toma medidas preventivas sino que “se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron”.

En un comunicado, los legisladores radicales consideraron que la estrategia “debería ser llevar adelante los testeos correspondientes y la atención médica necesaria para controlar la salud en los centros de detención pero, de ninguna manera, otorgarles beneficios especiales a los delincuentes”.

“Hoy somos víctimas de una terrible pandemia, de un enemigo invisible, como dice el presidente. Esperamos que Alberto Fernández no permita que tengamos una nueva epidemia de delitos, que le impidan a los ciudadanos de bien salir de sus casas por temor a un nuevo peligro suelto en las calles”, finaliza el comunicado, que fue firmado por el presidente del Comité Nacional de la UCR Alfredo Cornejo, el presidente del bloque de diputados Mario Negri y el presidente del bloque de senadores Luis Naidenoff.