A través del Decreto 721/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, se estableció el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. De esta manera, se destinará como mínimo el 1% de la totalidad de cargos en el sector público.
Se trata de un hecho histórico para nuestra sociedad, que parece haber oído los reclamos de un sector postergado durante mucho tiempo.
Al respecto, hace algunos años la activista Lohana Berkins expresó: «¿Cuáles son las consecuencias que se producen cuando el Estado le niega derechos a un sector? En la historicidad de nuestras vidas nosotras fuimos y todavía somos ‘vulnerabilizadas’, colocadas en lugares de desventaja, en lugares alejadas del derecho (…) El solo hecho de asumirnos como personas travestis produce en nosotras el despojo de todos nuestros derechos».
En esta nueva normativa, el hecho de no contar con estudios secundarios completos no será un impedimento para la inserción laboral, ya que estas personas podrán acceder al trabajo comprometiéndose a finalizar sus estudios. A su vez, la rectificación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o el cambio de nombre no serán condicionantes al momento de la contratación.
Por último, el decreto también pretende garantizar las condiciones de respeto a la identidad de estas personas, a través de la capacitación en forma conjunta con el Instituto Nacional de la Administración Pública a las autoridades y al Poder Ejecutivo Nacional.
Sin dudas, se trata de un gran avance en la conquista de derechos, dada la desigualdad, tal vez insuficiente aún. No obstante, la medida resulta esperanzadora y (esperemos) logre alentar al sector privado a imitar dicha disposición y, por qué no, ampliarla. Celebramos este gran primer paso para construir una sociedad más justa e igualitaria.
