Finalmente, el Gobierno Nacional oficializó la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fusiona y adquiere las funciones de las intervenidas y disueltas Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), entes creados bajo la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como «Ley de Medios».
Como era de esperarse, la conducción del presidente Mauricio Macri lo hizo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que omite cualquier intervención del Congreso Nacional. La decisión, establecida bajo el Decreto 267/2015 firmado el 29 de diciembre pasado, fue publicada esta semana en el Boletín Oficial. Además,bajo el Decreto 7/2016 fueron designadas las autoridades de ENACOM, que tendrá en su directorio a Miguel de Godoy como presidente y Alejandro Pereyra, Agustín Garzón y Heber Martínez como directores.
Al respecto del nuevo ente y uno de los principales cambios buscados por el oficialismo, es que lo concerniente al ámbito de las comunicaciones y contenidos audiovisuales se encuentre bajo el amparo y dirección del Ministerio de Comunicaciones que administra Oscar Aguad, que obrará «con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado», según expresa el documento oficial.
Asimismo, se establece que «ENACOM tendrá todas las competencias y funciones que la Ley N° 26.522 y la Ley N° 27.078, y sus normas modificatorias y reglamentarias asignan, respectivamente». Además, entre sus características, «ENACOM tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podrá establecer delegaciones en regiones, provincias o ciudades de más de quinientos mil (500.000) habitantes».
En cuanto al interés gubernamental por incluir las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dentro de los poderes del Estado, el Gobierno afirma que se trata de «uno de los sectores de mayor dinamismo e innovación de la economía global contemporánea, en los que viene verificándose una innegable tendencia a la convergencia tecnológica entre ambos. En efecto, la convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía -voz- y banda ancha -internet-, es una realidad indiscutible en el mundo de hoy, que no solo beneficia a los usuarios y consumidores de tales servicios, sino a toda la población y al sistema democrático en su conjunto».
Es así que, «a medida que en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión se van eliminando las barreras tecnológicas que originalmente los separaban, entra en crisis el régimen de regulación económica sectorial preexistente, es decir, con regulaciones y reguladores separados para las empresas de medios, por un lado, y para las telecomunicaciones, por el otro», reza el texto. «Emergen así nuevos desafíos, no solo para las empresas de telecomunicaciones y medios, sino también para los reguladores, pues industrias antes separadas convergen en una sola industria, resultando necesario así adaptar los marcos regulatorios y unificar las agencias reguladoras, tal como lo demuestra el sendero institucional de los países líderes en el sector».
Por qué el Gobierno tomó posesión
Desde el oficialismo confirmaron que la decisión de disolver AFSCA y AFTIC y crear ENACOM está considerada porque «en la implementación de esta convergencia y homogeneidad normativa, como primera medida, es imprescindible la existencia de un ente único de control de todo el sistema, pues la existencia de dos o más controlantes, que son, a la vez, los que instrumentan las normas regulatorias dictadas al amparo de la legislación general, puede generar una dispersión de criterios en su aplicación, produciendo así no solo ineficiencias y distorsiones sino también inseguridad jurídica». Lo que no fue aclarado en ningún momento es qué va a pasar con la situación, en concreto, del Grupo Clarín, que en más de 5 años de vigencia de la Ley de Medios, nunca acató ninguna decisión ni se adecuó según establece el orden legal. De hecho, con los cambios dispuestos por la cartera que dirige Oscar Aguad, se abre nuevamente el abanico para que cualquier empresa del ámbito público o privado se sume como actor en la escena comunicacional.
Por su parte, el hasta entonces titular del AFSCA, Martín Sabbatella, se pronunció -obviamente- en contra a través de las redes sociales, al manifestar que la Ley de Medios es «una ley que el macrismo busca arrasar para entregarle el mercado audiovisual en bandeja al Grupo Clarín». Además, expresó que «es una locura lo que hacen Macri y sus funcionarios. Arrasan los derechos consagrados por leyes del Congreso Nacional mediante DNU», y prosiguió su descargo al escribir que «Macri odia a la democracia y a las instituciones. Por eso ignora al Congreso y gobierna con DNU».
Finalmente, en línea con lo comentado anteriormente, se estableció que una Comisión Bicameral será la responsable de analizar reformas en las leyes, «con el propósito de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores».