La lucha por la integración del colectivo homosexual, transexual y travesti en nuestra sociedad es un hecho bien consolidado y que toma fuerza con cada conquista.
Según la reluciente norma, «la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral», es decir, debe garantizar que la posibilidad de votar no se vea perturbada y, asimismo, el Artículo 10 advierte que, una vez asentado el cambio en las actas del Registro Nacional de las Personas, el organismo debe dar aviso a la Secretaría del Registro Electoral correspondiente para que el padrón sea actualizado. Si la ley ya lo ampara, ¿por qué la inquietud del colectivo trans al meditar sobre el momento de hacerle frente a las urnas? Es así, porque por falta de consideración, a días del 11 de agosto, fecha en la cual se realizan elecciones, la gran mayoría no figuraba en el padrón electoral con los datos rectificados.
«Esperamos que se tome una medida urgente para modificar el padrón definitivo o mejorar las actas complementarias para que las personas puedan votar sin ningún tipo de discriminación», dijo María Rachid, presidente de la Mesa Nacional por la Igualdad. En contraposición, solicitaron que si no se contempla la posibilidad de la actualización antes de las primarias, se eliminen los datos erróneos para respetar la confidencialidad.
Si bien desde la Cámara nacional electoral se jactaron de haber llevado a cabo todas las medidas posibles para respaldar la posibilidad del voto en pleno derecho, que más que posibilidad en el marco de legalidad que lo contiene tiene que ser una realidad, ya con ambos pies en agosto el respeto por la identidad de género en este aspecto es casi nula. Y la perspectiva para el domingo 11 es incierta.
