Según expresó la Defensoría del Pueblo checa, miles de mujeres romaníes fueron esterilizadas en la antigua Checoslovaquia. Ante este hecho, el Senado propone una indemnización para las víctimas, la cual se debe implementar para todas aquellas personas que hayan sido esterilizadas sin consentimiento entre los años 1966 y 2012.
Cabe destacar que, según documentó el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, las esterilizaciones fueron realizadas con coacción, tales como amenazas hacia estas mujeres con internar a sus hijos en instituciones, también se practicaron al mismo tiempo que las cesáreas o se les presentaban formularios de consentimiento cuando estaban con fuertes dolores o en situaciones de angustia durante el parto o el alumbramiento.
Luego de una ardua campaña de parte de las víctimas, el gobierno checo ofreció disculpas en 2009, no obstante, les siguen negando una reparación por el daño grave e irreparable que padecieron.
Las esterilizaciones ilegales tuvieron lugar en un contexto de discriminación generalizada contra la población romaní, que afectó a todos los aspectos de su vida cotidiana y continúa haciéndolo: desde las escuelas hasta el empleo, pasando por la vivienda, ámbitos en los que esta población sufría habitualmente segregación racial y se veía empujada a los márgenes de la sociedad.
Elena Gorolová, superviviente de esterilización ilegal que lleva años haciendo campaña por la justicia, declaró: «No hay dinero que pueda devolvernos la oportunidad de tener más hijos, pero la indemnización es importante para que se haga justicia. Durante todos estos años han pasado muchas cosas. Hemos envejecido, y algunas han muerto, pero yo no hago más que repetirme: no puedes dejarlo estar».
