El juez neoyorquino Thomas Griesa rechazó el pedido de Argentina de reponer la medida cautelar en la disputa con los holdouts, al considerar que no era «necesaria» y emplazó al gobierno a continuar negociando con los bonistas. Ahora quedan solo ocho días antes de que el país caiga en cesación de pagos. Ese es el tiempo que los representantes argentinos tienen para negociar. El abogado Daniel Pollack, de la parte argentina, se reunirá mañana con los bonistas.
Griesa pidió «dar pasos razonables» en las tratativas para evitar la caída en default de la Argentina, ya que «hemos entrado en un momento crucial» y un incumplimiento sería «lamentable». A pesar de que Argentina abonó el último 30 de junio 539 millones de dólares para tenedores de bonos Discount con legislación extranjera, este dinero permanece congelado en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY).
Pese al reclamo del juez, los funcionarios argentinos consideraron que el tiempo disponible es poco y es difícil llegar a un acuerdo y reiteraron su intención de que se reponga la medida cautelar. Griesa sostuvo que «todos los problemas que describe la Argentina se solucionan si llegan a un acuerdo», a la vez que criticó la «constante negativa de Argentina a pagar». Por otra parte, el juez no se expidió respecto del pago de los bonos en euros y en yenes, luego de que bancos e inversores le pidieran precisiones sobre esos títulos. Las entidades financieras, que intervienen en la disputa como agentes de pagos a los bonistas que ingresaron al canje, le habían solicitado a Griesa aclaraciones sobre qué deben hacer con el dinero que Argentina depositó en sus cuentas cuando operó el vencimiento del 30 de junio, pero que el juez ordenó embargar.
La medida cautelar que reclama el gobierno argentino habilitaría una negociación con los buitres sin violar las condiciones convenidas con el 92,4 por ciento de bonistas que aceptó el canje.
En la audiencia estuvieron presentes directivos del Bank of New York Mellon (BoNY) y el JP Morgan, además de representantes de la Caja de Valores de Bélgica, de Euroclear, de la agencia Cleartream Banking y de bonistas europeos que integran la agrupación Euro Bondholders. Por decisión de Griesa, las entidades financieras tienen bloqueado el pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 de la deuda defaulteada de la Argentina.
Argentina quiere negociar
El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, señaló que «el juez metió a todos en este embrollo y ahora tiene que encontrar soluciones, porque la Argentina quiere pagar (a los bonistas reestructurados) y negociar en términos equitativos, justos y razonables».
La finalidad del gobierno es que el litigio esté resuelto antes del 31 de diciembre de 2014, ya que en esa fecha entraría en vigencia la cláusula RUFO, que figura en los contratos con los bonistas que entraron al canje. Esta disposición Rights Upon Future Offers (RUFO) obliga a la Argentina a reconocerles a los acreedores que aceptaron los términos de los canjes de 2005 y 2010 a cobrar igual que los tenedores de bonos que no ingresaron en aquellos llamados y que hubieran conseguido un beneficio mayor.
Por su parte, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich alertó que de activarse esta cláusula «se dispararía un pasivo enorme», ya que significaría un «acrecentamiento de la deuda externa de entre 120 mil millones a más de 500 mil millones» de dólares.
