En la reunión de cancilleres convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedido de nuestro país, el organismo le dio su apoyo a la República Argentina en la disputa con los holdouts “a fin de que pueda seguir cumpliendo sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100 por ciento de acreedores”.
La resolución fue aprobada por todos los países, a excepción de Canadá y Estados Unidos. En el caso estadounidense se inscribió una nota “al pie de página” que señalaba que ese país expresaba “que no puede dar apoyo a la declaración y hace notar que el tema sigue su curso en el proceso judicial estadounidense”. Roberta Jacobson, la subsecretaria norteamericana de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, remarcó que “se trata de un tema tratado por nuestro sistema judicial que es un cuerpo independiente del gobierno de Estados Unidos”.
Los cancilleres de los países miembros de la OEA dieron su “pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina” con el fin de que el país pueda responder a la totalidad de los acreedores en forma justa. La declaración de la entidad consideró “esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional, garantizar que los acuerdos alcanzados” sean “respetados”.
El canciller argentino Héctor Timerman dijo que lamentaba “profundamente” la postura de Canadá y Estados Unidos “porque considero que esta es una declaración balanceada, que lo único que pide es que las negociaciones sean justas, que se permita el pago a los acreedores”.
También expresó que “justamente los Estados Unidos, año tras año, nos inunda con informes sobre la situación doméstica en nuestros países”, pero “cuando aquí en la OEA tratamos de hablar de un problema que tiene Argentina con los fondos buitre, causado por una decisión judicial que puede llevar a la Argentina a una situación muy complicada, Estados Unidos no acompaña el consenso de la región”.
Al iniciarse el encuentro de los diplomáticos, el titular del organismo, José Miguel Insulza, señaló «el peligro que significa para el sistema financiero internacional el accionar de los fondos buitre». En ese sentido sostuvo que los holdouts pueden provocar «la quiebra de los Estados» y que actúan buscando comprar a “precios vil». «No les importa si esto redunda en un aumento de la pobreza de los países», remarcó.
Durante su exposición el canciller expresó que si los bonistas “hoy en día quieren entrar al canje pueden hacerlo. Está abierto, pero los fondos buitre no quieren lo que tienen los demás, quieren más. Nosotros no vamos a aceptar una extorsión, no vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino. Vamos a negociar y no nos vamos a suicidar”. Antes de finalizar el encuentro, el canciller argentino agradeció a los representantes latinoamericanos y del Caribe y cuestionó al gobierno de Washington por realizar y difundir informes sobre temas domésticos de otros países, pero no opina cuando se plantea en el seno de la OEA un tema de interés para todos los países de la región. “Lo lamento porque recibo en mi oficina los informes calificándonos y juzgándonos. Nosotros no juzgamos a nadie”, sentenció Timerman.
Por su parte, el ministro de Economía Axel Kicillof manifestó que el fallo del juez Thomas Griesa fue “insólito, inédito, injusto y desquiciado” e indicó que mediante una interpretación forzosa de la cláusula pari passu se busca “poner de rodillas a un país”. “Argentina no quiere ser un caso de estudio de cómo con una decisión absurda sufrió un pueblo y una nación. Lo que necesitamos, pedimos, es que la comunidad internacional actúe, reaccione y que lo haga antes de que el precipicio que estableció el juez Griesa esté delante de nuestras narices”, expresó el ministro.
En su alocución ante el plenario de cancilleres y embajadores, Kicillof enumeró las consecuencias financieras y económicas de esta situación si la Argentina le abonara a los fondos buitre lo que reclaman, al mismo tiempo que se paga el vencimiento de deuda de los bonistas que entraron en el canje. Esa situación haría obligatorio que se deban pagar más de 120 mil millones de dólares, entre los fondos favorecidos por Griesa, aquellos que no ingresaron al canje pero no están incluidos en la causa judicial y los bonistas reestructurados, que podrían reclamar que se les iguale la oferta.
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