La semana pasada, comunidades mapuche de Chubut lograron frenar un proyecto de ley que busca habilitar la minería metalífera a cielo abierto, hoy prohibida en la provincia. Se trata de un paso judicial en el marco de una lucha popular de casi 20 años contra la megaminería.
En respuesta a un amparo judicial presentado por comunidades mapuche de Chubut, el viernes pasado la jueza Carolina Barreiro de Puerto Madryn ordenó a la Legislatura la suspensión del tratamiento del proyecto de ley zonificación minera. El proyecto frenado había sido presentado por el Ejecutivo provincial y buscaba aprobar la minería metalífera a cielo abierto, hoy prohibida por la Ley XVII-Nº 68 (ex 5.001).
Las comunidades mapuche que presentaron el amparo fueron Lof Lefimi, Los Pino, Mallín de los Cual y Chacay Oeste y Laguna Fría. Se encuentran en la meseta central chubutense, territorio donde está emplazada la minera canadiense Panamerican Silver.
¿En qué se fundamenta el amparo?
En la Constitución Nacional, en el Pacto de San José de Costa Rica y, por último, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a establecer mecanismos institucionales de participación y consulta con las autoridades propias de los Pueblos Indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente.
La consulta, un derecho de los pueblos originarios, debió haber sido impulsada desde el Poder Ejecutivo, hoy en manos del gobernador, Mariano Arcioni, y el vicegobernador, Ricardo Sastre. No solo no se hizo sino que, además, la Legislatura provincial desestimó los reclamos realizados por las comunidades y también por el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Chubut.
“Cuando hay un proyecto que puede afectar los derechos de los pueblos originarios hay que aplicar un mecanismo de consulta”, explicó a Voces por La Tierra el abogado que acompañó la medida, Juan Salgado. Según señaló, el amparo no judicializa el proyecto de ley en sí sino su procedimiento. “En las provincias patagónicas y en la mayoría de la clase política, hay un racismo muy fuerte, muy arraigado. No están dispuestos a consultar nada”, explicó Salgado a la radio colega. “Una cosa es hablar en los discursos de los pueblos originarios y otra cosa es sentarse con las comunidades a discutir cuestiones de gobierno”, agregó.
Salgado fue parte de otro proceso que en abril pasado logró un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como abogado, patrocinó a la Confederación Mapuche de Neuquén en el caso por la creación del Municipio de Villa Pehuenia. En una decisión que sentó jurisprudencia, la Corte falló a favor de la comunidad Catalán y de la Confederación Mapuche, y determinó que las legislaturas provinciales están obligadas a llevar a cabo los procedimientos de consulta, estudios e investigaciones previas.
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