Impulsado por la diputada Adriana Puiggrós, perteneciente al Frente para la Victoria, el Senado aprobó este jueves por la madrugada la ley que garantiza que se mantenga el sistema gratuito en las universidades públicas y, además, excluye toda posibilidad de adecuar el sistema de ingreso a las mismas a través de exámenes de ingreso.

Luego de dos años de debate, esta normativa fue apoyada por los bloques del oficialismo en conjunto con el Peronismo Federal, Progresistas y la Unión Cívica Radical (UCR). Nuevamente el PRO votó en contra, tal como lo hizo en su momento en la Cámara de Diputados en 2013.

Asimismo, otro de los puntos tratados en las modificaciones de la Ley 24.251 es el de la flexibilización de los requisitos del alumnado para encontrarse dentro de la regularidad y el compromiso del Estado para que no exista ocasión en la que este reduzca sus aportes a las universidades públicas.

Precisamente, el Artículo 2 de la ley establece que «El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas». Además, el mismo texto continúa con la garantía de «la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con discapacidad».

Otro de los puntos que trata la modificación del estatuto es que desde este momento cada establecimiento educativo define la regularidad del estudiante.

Al respecto de esta iniciativa, Ana Loyola (profesora de Matemática y Física en ISFD 30, ISFT 203 y conductora de «Entrerevistas» en puntocero) afirma que «todos tienen derecho a estudiar. Como defensora y docente de la educación pública, estoy de acuerdo. Pero creo también que lo principal es garantizar una buena educación para esos alumnos, y tiene que ver con las herramientas que les podemos brindar. 60 personas en un curso destinado a 30 no sirve, sillas agregadas a las puertas de las aulas para poder escuchar las cátedras no sirve. Hay que re pensar de manera general los medios para poder brindar una educación libre y gratuita».

El debate está abierto y la ley, como muchas otras, intenta paliar un problema sin resolver de raíz otras cuestiones que a veces pueden sentirse como prioritarias. Mientras tanto, el sistema educativo en Argentina pone parches y no trabaja en romper paradigmas y mirar hacia el futuro.