Luego del anuncio y la polémica por el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas se seguridad federales presentado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, desde la provincia de Buenos Aires señalaron que no adoptarán esa norma.
La mandataria del mayor distrito argentino, María Eugenia Vidal, sostuvo que la provincia «ya tiene un marco legal» respecto del uso de ese armamento por parte de los integrantes de las fuerzas. La ley, vigente desde 2006, «define claramente cómo tiene que actuar la policía en el uso de armas de fuego. Está especificado para casos en que haya riesgo de vida por la policía o para terceros, con una reglamentación bastante similar a la que acaba de hacer la ministra Bullrich», expresó Vidal.
Cabe destacar que la Resolución 956/2018 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Bullrich deroga también toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación. La medida rige para los miembros de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
«Hay que ser muy firme con el policía que es corrupto, que viola la ley. Hemos sacado policías de la fuerza por casos de violencia institucional y gatillo fácil. Pero también hay que ser muy claros con la policía que actúa bien y respaldarla», afirmó Vidal.
«Lo más importante es que la ministra, el presidente Macri, el ministro (de seguridad bonaerense (Cristian Ritondo) y yo, coincidimos como equipo que hay que darle todas las herramientas a la policía para hacer cumplir la ley. El Gobierno Nacional ha decidido, porque tiene cuatro fuerzas de seguridad, y no tenía un marco legal claro sacar este protocolo», añadió.
Por otra parte, la Gobernadora remarcó que «en estos últimos tres años hemos mejorado» y que se ha «profesionalizado la policía», y precisó que hoy los «ascensos que se someten a examen». «Dejamos 12 mil ejecutivos afuera, la mayor cantidad en la historia de la provincia, esa medida no es una purga, es una política porque no hay posibilidad de negociar con el delito», sostuvo la mandataria.
«Creo que hay que respaldar a la policía que trabaja bien. Le tenemos que dar todas las herramientas para que nos proteja y si no le estamos dando un mensaje a la policía para que no actué», señaló la Gobernadora, quien reconoció que en los últimos años hubo casos de «gatillo fácil» en territorio bonaerense, pero que en su gestión esos policías no continuaron trabajando. «En diciembre vamos a tener todo el Conurbano con las comisarías conectadas a internet con formulario único, ya no va a haber denuncia por papel. La comisaría no va a tener más remedio que tomar la denuncia así y ningún comisario va a poder cajonear la denuncia», finalizó Vidal.
Congreso y gobernadores
Luego del anuncio por parte de Bullrich y las críticas de Elisa Carrió, una aliada complicada para el macrismo, la titular de la cartera de Seguridad mostró su acuerdo con la idea de la diputada de debatir una ley para implementar el protocolo. Al respecto, Bullrich manifestó que «si el Parlamento decide discutir un instrumento para defender a la sociedad y a las fuerzas frente a la delincuencia me parece muy bien. Si el Congreso decide darle a las fuerzas un marco de legalidad a sus acciones sería histórico porque nunca lo hizo, nunca se preocupó por eso». Igualmente, la funcionaria consideró que Carrió «no hizo una lectura profunda» del protocolo y remarcó que «el Presidente lo respalda y cree que ayuda a clarificar situaciones en las que la Justicia ha condenado injustamente a policías que actuaron en el cumplimiento de su deber».
Carrió, a través de su cuenta de Facebook, había calificado a la norma de «fascista» y dijo que su idea de llevar la cuestión al Congreso es para «analizar esta norma para transformarla en ley luego de un adecuado debate».
Sin adhesiones
Por el lado de las provincias, diferentes funcionarios y gobernadores manifestaron su parecer respecto del protocolo. El ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, señaló que «por el momento» la provincia «no necesita adherir» a la reglamentación.
El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, indicó que analizarán la reglamentación nacional aunque sostuvo que su cartera apunta a la «profesionalización» de los miembros de las fuerzas. «No tenemos la obligación de hacerlo y tampoco es una prioridad», afirmó.
En las provincias con administraciones opositoras al macrismo como Misiones, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, expresó que no tienen previsto hacer modificaciones en el tema de seguridad. «Vamos a seguir trabajando de la misma forma», dijo Pérez y rechazó hacer cambios en el protocolo de uso de armas de los policías provinciales. «Está pensada con los ojos de Buenos Aires, que tiene una realidad muy distinta a la del interior del país», sostuvo.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó: «No vamos a cambiar nuestra posición. La Policía debe disparar únicamente cuando está en peligro de vida el efectivo policial o un ciudadano», dijo. En el mismo sentido, se expresó el secretario de Seguridad catamarqueño, Marcos Denett, quien mostró «preocupación» por la «nueva forma de actuar que se les propone a las fuerzas federales».
Por último, el gobernador de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey, afirmó que la reglamentación está «dentro de lo que establece» la ley, que «presupone que el monopolio del uso de la fuerza la tiene el Estado», pero criticó la existencia de «algunos grises, particularmente en la cuestión de la fuga». Además, indicó que es «útil» que exista una «guía de acción» para las fuerzas aunque reclamó mayores precisiones sobre el concepto de «fuga y peligrosidad».
Santa Fe, al igual que Buenos Aires, destacó la existencia de un protocolo similar en su territorio. El gobernador Miguel Lifschitz señaló que «nosotros tenemos una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso», y subrayó que no aplicará el protocolo en su distrito.
Desde el Frente para la Victoria, su jefe de bloque de diputados, Agustín Rossi, presentó su proyecto sobre el uso de armas. «Se trata de un proyecto de ley contra la reglamentación de Bullrich sobre las Fuerzas de Seguridad», indicó el legislador, y alertó que «la Ministra de Seguridad está legitimando aún más los niveles de violencia institucional que existen en Argentina, y se va a desatar una violencia peor». «Los miembros de las fuerzas federales de seguridad interior pueden hacer uso intencional de armas letales únicamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida humana», señala la iniciativa de Rossi.
En la ciudad no se puede
Pese a la postura favorable por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de aplicar el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, declaró inconstitucional el denominado «protocolo Chocobar» e impidió su aplicación en el ámbito porteño. El magistrado hizo lugar al pedido de la legisladora porteña Myriam Bregman y la titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú. En su presentación, Verdú y Bregman expresaron que «la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales», por lo que reclamaron «con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución».
Las demandantes sostienen que la resolución «afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional». «Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas», indicaron.
Desde el macrismo, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que la decisión de Gallardo está fuera de su ámbito de jurisdicción. «Llama la atención la competencia del juez Gallardo, él tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia. No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de fuerzas federales», indicó el ministro.
El vicejefe de Gobierno de la Ciudad, a cargo del área de Seguridad, Diego Santilli, había señalado luego de conocerse la receptividad de Larreta al protocolo, que «hablamos con la ministra para avanzar en la reglamentación del uso de armas no letales. Vivimos en una urbe con situaciones de cotidianidad distinta a las de las fuerzas federales».
