Con la llegada de la cuarentena nacional obligatoria, las consecuencias económicas para distintos sectores se podían prever con facilidad. En cuanto a la cultura, estamos frente a una paralización total que se intenta mitigar con algunas medidas, planes y programas urgentes, pero con una proyección verdaderamente incierta.

El reclamo de los exhibidores

En este contexto, los dueños de las salas de cine extendieron una serie de reclamos hacia el Gobierno y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En la carta, la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla (CAEM, que nuclea a complejos como Cinemark-Hoyts, Cinépolis y Atlas) junto a la Federación Argentina de Exhibidores Cinematográficos (FADEC, que reúne a unos 200 dueños complejos más chicos) y la cadena Showcase (propiedad del grupo estadounidense National Amusements) expresaron que “las salas de exhibición cinematográfica con un alcance de 10.000 trabajadores en todo el país están cerradas, no perciben ingresos y no tienen ninguna posibilidad de revertir esta situación en el mediano plazo y, en consecuencia, solicitamos la implementación de urgentes medidas para el sector” y, en concreto, pedían lo siguiente.

Declarar la emergencia del sector relacionado con espectáculos públicos y específicamente de la exhibición cinematográfica; dado el cierre total de la actividad y caída inminente para todo el 2020, que genera imposibilidad de pago de salarios, que el Ministerio de Trabajo o el organismo que corresponda se haga cargo del pago de salarios del personal del sector; eximición de aportes y contribuciones de la seguridad social del total de salarios de marzo 2020 y de los salarios del personal activo mientras dure la crisis del sector, estimada para todo el 2020; eximición y diferimiento de pago del impuesto a las ganancias 2019 y del anticipo de ganancias 2020/2021; eximición o diferimiento del pago del impuesto al cine pendientes y tasas de reinscripción de la actividad en el INCAA; aplicación de subsidio 100% en las tarifas de energía eléctrica, servicios sanitarios y todos los servicios incluidos en la actividad (gas, teléfonos y otros) desde marzo y por todo el período en que los cines estén cerrados; eximir del pago de intereses por pago fuera de término en todos los servicios durante 2020 y no permitir el corte del servicio por falta de pago; rebaja y diferimiento del pago de los alquileres desde marzo y hasta el 31 de diciembre de este año; y suspender el pago de comisiones bancarias y cualquier tipo de embargo en cuentas por el plazo de 365 días.

Además, pidieron que en las provincias se las exima o se difiera el pago de las alícuotas de ingresos brutos, “hasta la reapertura de las salas, como así también de cualquier otro impuesto y eximir a la actividad de retenciones y percepciones sobre este impuesto”. También, “solicitar a los entes recaudadores la devolución de los eventuales saldos a favor registrados a la fecha y ayudas a la actividad para hacer frente a salarios, servicios, alquileres, impuestos y tasas”. Una solicitud similar se les formuló a los municipios para todo el año.

La respuesta del INCAA

Luis Puenzo, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, respondió al reclamo por el punto en particular que reclama la «eximición o diferimiento del pago del impuesto al cine pendientes y tasas de reinscripción de la actividad en el INCAA», que le compete directamente.

«Permítanme aclarar, aunque lo sepan, que dicho impuesto lo pagan los espectadores al adquirir entradas de cine. Los Exhibidores solo son agentes de percepción de esta recaudación que no les pertenece. Cabe señalar que en los meses previos a la pandemia el cine vendió más entradas que en años anteriores, y que no hay motivo alguno para que reclamen, no entendí a quien, quedarse con ese dinero. Me informan los que saben que el ‘agente de retención o de percepción, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso’ está penado por la ley. Y estoy seguro que todos queremos evitar sumar conflictos a los que nos plantean las actuales circunstancias.»

Además, añadió que «salvo el segundo requerimiento incluido en el punto 5 de su nota, la ‘eximición o diferimento (…) del pago de las tasas de reinscripción de la actividad en el INCAA’, que aceptaremos prorrogar hasta que reinicien sus actividades, no tenemos facultades para intervenir en los restantes puntos».

Y en el último párrafo de la carta, Luis Puenzo concluye: «Permítanme expresar nuestro desacuerdo con el reclamo de empresas que rinden sus utilidades a corporaciones extranjeras, que suelen considerar a las regulaciones culturales como una interferencia en sus negocios, y que ahora, poniendo en dudas su posición dominante, estarían echando trabajadores a la calle al mismo tiempo que reclaman que el Estado les subsidie el alquiler en los shoppings».