Justicia de fin de mandato

Suele decirse que los jueces no suelen atacar a quienes tienen el poder político. Y que esta actitud cambia cuando los gobernantes están en los últimos meses de sus mandatos. Parece que otra vez ocurre lo mismo.

Magistratura Inconstitucional

La Ley N° 26.080 fue sancionada en el año 2006. La misma reducía el número de integrantes del Consejo de la Magistratura de 20 a 13. Entre las críticas que se hicieron en ese momento se decía que incrementaba la injerencia del Poder Ejecutivo en el organismo encargado de controlar la tarea de los jueces. Ahora la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que cuestionaba la composición del Consejo.

A nueve años de sancionada esta norma, dicha sala criticó la cantidad de consejeros por «el predominio del estamento político en el cuerpo». En 2014 y con la firma de sus siete miembros, la Corte Suprema había declarado improcedente una presentación similar y validó la actual integración del organismo. Este año la mencionada sala declaró inconstitucional la integración con 13 miembros del Consejo de la Magistratura por «el notable predominio del estamento político respecto de los restantes estratos que componen» el organismo. Cabe destacar que, pese a esta resolución, la sala validó todas las disposiciones tomadas por el organismo desde entonces.

Además, el antecedente del máximo tribunal remarcaba que la cantidad de consejeros no altera el «equilibrio» del organismo porque ningún sector puede «ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo».

Dos de los integrantes de la sala, los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez revocaron una sentencia de primera instancia y decretaron la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. En el texto del fallo cuestiona al Artículo 1 de la Ley N° 26.080, que disminuyó de 20 a 13 la cantidad de consejeros que integran el organismo. Los magistrados argumentaron que existe un «notable predominio» del estamento político y destacaron que la actual integración «permite que la simple mayoría del estamento político, por sí sola, decida acerca de todo lo atinente a la administración general del Poder Judicial y la sanción disciplinaria de los magistrados».

El sector político está habilitado para «ejercer por sí innumerables funciones -y adoptar decisiones al respecto- con su sola voluntad y mayoría, vulnerando de esa manera el equilibro establecido en la Carta Magna», precisaron en los argumentos de su decisión.

Desde el kirchnerismo no se hicieron tardar las críticas al fallo. El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto declaró que «el fallo es absolutamente demencial, lesiona la seguridad jurídica». Además añadió que esta medida «confirma la existencia del ‘partido judicial’ y la voluntad que tiene de que la Corte Suprema de la Nación controle este organismo».

«Eliminamos el artículo que le entregaba la presidencia del Consejo al titular de la Corte y ahora, con este fallo, lo que el partido judicial pretende es volver a supeditar a este organismo al presidente de la Corte», afirmó el legislador.

Asimismo, Pichetto remarcó que con la ley de reforma del Consejo «se diseñó un organismo con una representación equilibrada de todos los sectores involucrados», a lo que agregó: «Este fallo es una nueva y virulenta acción del partido judicial que lesiona el principio de la división de poderes al declarar inconstitucional una Ley que fue votada con mayorías incuestionables en las cámaras legislativas de la Nación, con el agravante de que lo hace luego de 9 años de vigencia de la norma», sostuvo el diputado.

Finalmente, Pichetto aseguró que «se trata de un nuevo avance del partido judicial sobre el Poder Legislativo, como ya lo hizo al declarar también la inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias, en un fallo en el que pretendió emplazar al Congreso de la Nación para que en tres meses elabore una nueva norma según los criterios de la Corte Suprema de Justicia».

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que «no tiene seriedad que nueve años después declaren la inconstitucionalidad» del Consejo. Además destacó que «los dos (camaristas) que firmaron esa sentencia digna de Edgar Allan Poe, fueron designados por este Consejo». El funcionario sostuvo que cuando el actual Gobierno dictó varias leyes «tratando de democratizar el Poder Judicial, la Corte declaró inconstitucional algunas de esas leyes, pero no la del Consejo de la Magistratura».

Bonadio contra el PAMI

En otra decisión con carácter electoralista, el juez Claudio Bonadío dispuso el procesamiento del titular del PAMI, Luciano Di Cesare. La resolución se tomó en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la suscripción de letras del Tesoro. En la misma, el juez sobreseyó a Carlos Ariel Lieutier, Pedro Miguel Insausti y Danilo Carlos Zelaya, todos gerentes del PAMI. Se trata de una causa iniciada a raíz de una denuncia presentada por la legisladora porteña por Confianza Pública, Graciela Ocaña, quien en el 2012 denunció la compra de letras del Tesoro por parte del PAMI.

Bonadío señaló que Di Césare habría perpetrado el delito de «defraudación a la administración pública» por el que «deberá responder en calidad de autor».

«La actividad indicada pudo sostenerse durante un período aproximado de cinco años, como consecuencia de las sucesivas renovaciones y superposiciones de suscripciones de las letras del Tesoro, las deficiencias de la contabilidad del Instituto, la laxitud de los controles internos y la imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos», se menciona en la resolución.

Di Cesare sostuvo que el Juez no lo acusa de haber tenido algún beneficio personal, sino de «haberle hecho ganar a los afiliados de PAMI más de 293 millones de pesos». Además, el funcionario afirmó que «nunca se vieron afectadas las prestaciones ni la disponibilidad de fondos, sino que se cobraron intereses para poder invertir en más y mejores prestaciones para nuestros afiliados”. También sostuvo que «durante ese período, 2008-2012, el PAMI brindó más de 1.500 millones de prestaciones». En ese sentido, Di Cesare remarcó que «hoy PAMI cuenta con más de 5 millones de afiliados y el 97% de los mismos utiliza los servicios del Instituto, es decir, PAMI da servicios».

Finalmente, el titular del PAMI mencionó que «es llamativo que Bonadío dicte procesamiento a tres días del balotaje, esta decisión tiene un alto y claro componente político y electoral. Bonadío le hace un gran daño a la Justicia porque tiñe de sospechas su funcionamiento con decisiones arbitrarias como estas. Si quiere hacer política, lo correcto sería que renuncie a su magistratura y se sume a un partido».