Este martes se cumple el primer año sin Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su exnovio, un efectivo de la Policía Bonaerense, Matías Martínez.

El femicidio, que conmocionó a la ciudad de Rojas, se suma al listado de aquellas muertes evitables que tanto nos indignan y duelen por estos días, y que dan cuenta de un desempeño de la Justicia que no brinda respuestas a las víctimas y que, como mínimo, podemos calificar de negligente.

En este sentido, son los propios hechos los que evidencian el ineficiente accionar de las autoridades: fueron 18 las denuncias que presentó la joven, en compañía de su madre, en la Comisaría de la Mujer de Rojas y el dato no menor lo constituye la espera de un botón antipánico que jamás llegó.

El desenlace de la violencia e indiferencia que vivenció Úrsula fue el peor: su cuerpo fue hallado el lunes 8 de febrero en unos pastizales ubicados a la altura del paraje Guido Spano en el kilómetro 13 de Rojas, tras haber sido apuñalada.

En el lugar de los hechos fue encontrado también Matías Martínez, quien se clavó el arma homicida en el abdomen e intentó escapar, pero no lo logró. El femicida fue denunciado por su propio tío, a quien le confesó el crimen y le dijo que “se había mandado una cagada”.

El policía de la bonaerense, al momento de asesinar a su exnovia, se encontraba de licencia psiquiátrica y, además, ya contaba con denuncias por violencia radicadas por otra expareja. Dichos datos nos permiten cuestionar el funcionamiento de un sistema que habilita a un violento a portar armas.

El 22 de febrero de 2021, Martínez fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de «lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas» y, finalmente, en diciembre del mismo año, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín lo sentenció a perpetua por «homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio» por el asesinato de Úrsula. La causa fue instruida por el fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 de Junín.

El femicidio de Úrsula integra las 221 víctimas fatales por razones de género que nos dejó el año pasado, según los datos brindados por el Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana). De los cuales, el 64% de los femicidas fueron parejas o exparejas, el 2% de mujeres víctimas había realizado la denuncia, de las cuales el 59% contaba con medidas de restricción y tan solo el 6% tenía un dispositivo electrónico de alarma. Por último, cabe destacar que el 12% de los femicidios fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y el 32% de estos perpetuados por el arma reglamentaria.

La familia de la víctima exige la destitución de los dos jueces, Marcelo Romero y Luciano Callegari, quienes desoyeron las reiteradas denuncias hacia Martínez. Además, se responsabiliza a la Municipalidad y al personal de seguridad local por el crimen.

En el día de la fecha se mantiene viva la memoria de la joven a través de distintos medios, y se le rinde homenaje con una misa en su ciudad, realizada en compañía de Madres y Padres del Dolor.

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