Habeas corpus por la población travesti y trans

Aislamiento extremo, duchas con agua fría, falta de intimidad en los baños, carencia de actividades recreativas o salidas al patio, falta de alimentos aptos para pacientes con hepatitis o VIH, ausencia de controles médicos, tratos violentos y discriminatorios son algunas de las torturas y malos tratos constatados que constituyen las condiciones de detención cotidianas de las personas travestis y trans en las cárceles bonaerenses.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo un relevamiento en la alcaidía Roberto Pettinato, en la cual se pudieron constatar muchas de estas situaciones que motivaron a la presentación de un habeas corpus colectivo para que se garantice el respeto e integridad de estas personas.

El recurso se presentó ante el Juzgado de Garantías 4 de La Plata, el órgano hizo lugar al recurso y ordenó realizar peritajes médicos, psicológicos y de trabajo social, los cuales confirmaron las deplorables condiciones de detención que padecen las personas travestis y trans bajo custodia del Estado.

Como parte de los resultados de los peritajes surge como factor común el aislamiento: el hecho de usarlo para resolver el conflicto entre la población carcelaria, sin que exista otra forma de organización y planificación que permita a les internes del pabellón algo tan elemental como el acceso a un patio constituye una expresión de las prácticas institucionales y una definición de las mismas.

Respecto al tratamiento de la salud, muchas de las personas detenidas que fueron entrevistadas declararon que ante enfermedades o dolencias en general, la propia alcaidía les da cápsulas de ibuprofeno o paracetamol indistintamente, desde quienes manifiestan un malestar concreto a quienes sufren padecimientos regulares relacionados con el VIH. Esto sucede por la ausencia de controles de salud y el suministro de los tratamientos correspondientes a cada afección.

En el resultado del peritaje también se concluye, por lo antes mencionado, que las enfermedades que se agravan o empeoran sin ninguna respuesta estatal, además de los dolores que se sufren, provocan un padecimiento psicológico importante originado en la certeza de la muerte, por cuadros que podrían revertirse de ser tratados de manera adecuada.

Otras de las cuestiones que se identificaron, es la imposibilidad para las personas trans de acceder a la documentación correspondiente que acredite su identidad autopercibida conforme la Ley de Identidad de Género, o la falta de asesoramiento legal e información sobre la tramitación de las causas en las que se las imputa.

El fallo destaca el diagnóstico presentado por la CPM y advierte una vez más sobre la ausencia de formación con perspectiva de género -específicamente en el tratamiento de la población travesti/trans-, de los y las agentes penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y ordena garantizar el alojamiento digno de la población trans privada de la libertad y el acceso a los tratamientos médicos.

Santiago «deportó» a un manifestante

En el marco de la Jornada Nacional de la Unidad Piquetera contra el hambre y el ajuste, la policía de la provincia de Santiago del Estero detuvo al dirigente del Polo Obrero, Sebastián Godoy, mientras reprimían la protesta para impedir el avance de las columnas.

Desde el Polo Obrero, por medio de un comunicado, explicaron que a Godoy «lo han llevado detenido sin justificación, lo golpearon fuertemente dentro de la célula policial y lo tienen incomunicado».

La policía lo trasladó hacia la Comisaría 1° de la capital santiagueña, donde estuvo «demorado», y allí insólitamente le exigieron que se fuera de la provincia. Fue golpeado, amenazado e insultado, lo esposaron y en un patrullero lo trasladaron hacia la terminal de micros. No le hicieron una causa, ni una contravención. Lo demoraron, lo llevaron a la terminal, le hicieron sacar el pasaje, le sacaron una foto y se quedaron vigilando hasta que partió el micro.

Una vez en viaje, Godoy pudo comunicarse con sus compañeros y compañeras y pudo dar cuenta de toda esta sucesión de acontecimientos.

Nadie se suicida en una comisaría

Se cumplieron dos años de la muerte de Florencia Magalí Morales, quien fue hallada sin vida en la Comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, en plena etapa de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) durante la pandemia en 2020.

En su momento, la fuerza policial puntana dijo que la detuvo por violar la cuarentena, pero la mentira se cayó cuando una cámara de seguridad mostró que ella ingresó por voluntad propia a la comisaria. Momentos más tarde la encontraron colgada en una celda con ropa que no era suya.

A pesar de que el cuerpo no fue conservado de forma correspondiente y faltaban músculos del cuello, la última autopsia determinó que la causa de muerte fue «asfixia mecánica por estrangulamiento».

Su familia denuncia que a Magalí la mataron y está haciendo pasar su caso como un suicidio, nombre que actualmente lleva la carátula que investiga la Justicia sin detenidos ni procesados.

Confirman fecha por juicios de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán confirmó que el juicio por la megacausa “Jefatura de Policía III” comenzará el 8 de agosto.

30 policías y militares fueron imputados y serán juzgados por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad efectuados entre 1975 y 1983. La mega causa contempla a 237 víctimas, de las cuales 85 sobrevivientes serán testigos.

De los treinta imputados, la gran mayoría cuentan con representación a cargo del Ministerio Público de la Defensa. Las audiencias serán los lunes y martes, con una frecuencia de semana de por medio, y serán transmitidas en directo por el Centro de Información Judicial.

Según el requerimiento de la Fiscalía, estos crímenes tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del ex Ingenio Nueva Baviera. De acuerdo a la Fiscalía, 32 de las 80 comisarías de Tucumán fueron escenario de los delitos descritos en la mega causa.

Nueva represión en Catamarca

Ocurrió otro episodio represivo en Catamarca relacionado con la instalación forzosa y sin consenso social de emprendimientos mineros.

Fue en Minas Capillitas, donde se mantiene un acampe de vecinos y asambleístas. Dicho acampe, en parte está dentro de un terreno privado y la propietaria dio su autorización para que se haga. Sin embargo, se hizo presente la Policía de Catamarca, ingresó a la propiedad y comenzó a reprimir y atacar el acampe. Golpearon a Raúl Barrionuevo, hombre de 78 años no vidente.

Se trata de la misma fuerza que oficia de custodia los trabajos y el acceso de las máquinas de la minera Yamana Gold.

Aunque se quiere imponer por la fuerza, con los avales del Gobierno de Catamarca y de la Nación, el Proyecto Agua Rica-Alumbrera es repudiado y rechazado por la sociedad por sus implicancias ambientales nocivas para la comunidad, la cual este sábado va a llevar adelante la caminata número 650 en defensa del agua, del cerro y de la vida.

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