Con el objetivo de «garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la Ley 26.485», se sancionó el 23 de noviembre y publicó este jueves 26 en Boletín Oficial la normativa que posibilita la asistencia legal a las víctimas de violencia de género, bajo la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

De esta manera, se planea que abogados especializados en el ámbito se sumen al organismo para integrar un equipo que brinde asistencia y «patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485».

Es decir que la asistencia se focaliza en casos de violencia de género y aquellas ocasiones en las que la orientación sexual de la víctima haya sido utilizada como causa del acto. Además, esta normativa fue promovida para «desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, sean estos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial”, expresaron desde el organismo, que va a estar bajo responsabilidad de un director ejecutivo que tendrá rango y jerarquía de Subsecretario de Estado.

Otros objetivos de la iniciativa serán «formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género», además de «fomentar la producción y difusión de informes e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia de género”, que complementa los primeros informes nacionales anuales realizados en esta materia. Entre estos se contabilizaron 225 femicidios durante el año 2014 y, de este total, el 42% tenía solamente entre 21 y 40 años. Otra cifra recopilada por el Primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y publicada por la Corte Suprema de Justicia en el documento, establece que el 75% de las víctimas fueron asesinadas por conocidos (pareja, familiares o amigos).

Asimismo, las crudas y dolorosas estadísticas reflejan que 57 de estas mujeres asesinadas fueron abatidas con armas de fuego, 41 apuñaladas, 39 fallecieron por golpes y 19 perdieron la vida por incineración. Es llamativo que solamente 15 habían denunciado previamente al victimario. Para completar esta información, 13 de las víctimas ya tenían vigente una orden de restricción de acercamiento, una sola pertenecía a pueblos originarios, 5 personas que perdieron su vida eran trans, 10 de las mujeres se encontraban embarazadas al momento del incidente y la dura realidad muestra que 10 de los asesinos pertenecían a las fuerzas de seguridad.

Al respecto del tema, la presidente del Observatorio La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico, y la directora de este organismo, Fabiana Túñez, impulsaron la normativa vigente para el apoyo a víctimas de violencia de género en todas sus formas y ya se encuentran con gestiones activas para que se lleve adelante el proyecto de la «ley Brisa» para reconocer económicamente hasta su mayoría de edad a los hijos de las víctimas de femicidios en Argentina.

Precisamente, Brisa es una nena que tiene solo 3 años de edad y es uno de los 2.196 menores huérfanos por femicidios en los últimos 7 años.

Finalmente, Ada Rico expresó que «la violencia sexista es un problema integral, transversal y federal que debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos. Solo así se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata».