Las muertes del Estado

Este viernes en el Noticero conversamos con María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), acerca de la actualización del informe anual presentado este 17 de marzo en Plaza de Mayo. «A 40 años de la democracia, es imprescindible una agenda contra la represión», asegura.

Entre las estadísticas que denuncia el documento, se asegura que en Argentina cada 20 horas una persona es asesinada por las fuerzas de seguridad del Estado. «Gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, femicidios de uniforme, desapariciones forzadas, todo el análisis del saldo en materia represiva del último período, con sus avances y retrocesos, y la agenda de las medidas más urgentes y necesarias» que integran la agenda de la entidad, «las distintas modalidades en las que el Estado nos mata», expresa Verdú.

«Esta es la 27° actualización del archivo de casos, que comenzamos a construir en 1996, tratando de reconstruir toda la información disponible sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983. A esta altura tenemos suficiente información como para sacar algunas conclusiones, comparar gestiones, ver cómo evolucionó y cómo se modifica a lo largo de las distintas gestiones de gobierno la administración de la política represiva estatal y, puntualmente este año, hay tres temas que nos llaman profundamente la atención y obligan para que reflexionemos sobre el punto. En primer lugar, el incremento brutal en materia de muerte en lugares de detención, sobre todo cárceles y también en comisarías. Esto tiene relación directa con el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Nos encontramos con una población penitenciaria muy superior a la que tiene que ver con el real incremento del delito. Por ejemplo, en 2001 teníamos 34.000 personas presas en todo el país con un índice de homicidios de 8,6% cada 100.000 habitantes y en 2022 esos índices descendieron a 4,6%, sin embargo, tenemos casi 120.000 personas presas. Cabe preguntarse, entonces, quién está preso», alerta.

«En segundo lugar, lo que vemos es un incremento exponencial en algunas de las fuerzas, en concreto la Policía de la Ciudad, que en apenas 6 años superó en letalidad a la propia Policía Bonaerense. En proporción a la cantidad de efectivos que tiene, la supera en materia de gatillo fácil. En tercer, pero no menos importante lugar, tenemos una cantidad de circunstancias que nos muestran que cuando se toma una medida para disminuir la letalidad de las fuerzas en la vida cotidiana, hay un efecto positivo porque, cuando en diciembre de 2019 se derogaron las disposiciones que había dictado Patricia Bullrich en el ámbito nacional para las fuerzas federales, disminuyó la incidencia de esas fuerzas en el total de gatillos fáciles. Cuando se prohibió el uso del arma reglamentaria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fuera de servicio, al día de hoy no tenemos ningún caso registrado de esa fuerza, lo que demuestra que tendríamos un resultado concreto en cuanto a la cantidad de muertes, porque el 66% de los gatillos fáciles ocurren fuera de servicio pero con el arma reglamentaria», concluye Verdú.

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