Luego de que la presidente brasileña Dilma Rousseff fuera suspendida de su cargo por 180 días para enfrentar un proceso de juicio político, los líderes y dirigentes de los demás países de Latinoamérica salieron a expresar sus opiniones respecto de lo sucedido en el gigante sudamericano.
Desde Argentina, la canciller Susana Malcorra dijo que «respeta el proceso institucional» de Brasil y señaló que confía en que el final de la crisis fortalecerá «la solidez de la democracia brasileña». Por medio de un comunicado, el Palacio San Martín expresó que «el Gobierno Argentino continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional».
Desde la oposición la postura fue diametralmente opuesta. El excandidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, dijo que la suspensión de Rousseff, «una presidenta electa democráticamente con mandato popular», se trató de una «operación política». El vicepresidente del Partido Justicialista sostuvo que «desde la Argentina no podemos ser indiferentes con nuestros socios estratégicos, los hermanos brasileños. Yo soy un fiel defensor de la gobernabilidad e institucionalidad, sea del partido que sea».
Asimismo, desde el Congreso el senador sanjuanino (FpV) Ruperto Godoy, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, afirmó que «Dilma es víctima de un golpe institucional» que constituye «la nueva modalidad que los poderes económicos han puesto en marcha en la región para clausurar los procesos populares iniciados en la última década». Además, agregó que es «evidente que detrás de la suspensión de Dilma, elegida democráticamente por 54 millones de brasileños y sin que se le haya probado delito alguno, se encuentran poderosos sectores económicos internacionales que buscan restaurar un programa de reformas neoliberales en la región», añadió el legislador.
Por su parte, Martín Sabbatella, líder de Nuevo Encuentro, consideró que «el impeachment contra la presidenta de Brasil es un plan de sectores neoliberales que buscan restaurar privilegios para las minorías corporativas y acentuar la concentración de la riqueza, en un país que venía luchando por terminar con la pobreza y lograr un desarrollo con mayor inclusión social». Además, indicó que «no hay denuncias de corrupción contra Dilma, pero sí contra la inmensa mayoría de los que promovieron este golpe y votaron su suspensión».
El diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nicolás del Caño, repudió en un documento «el reconocimiento y apoyo del Gobierno argentino al golpe institucional que se consuma en Brasil» y manifestó que «el impeachment no se basa en ninguna prueba de corrupción, sino en actos administrativos del Gobierno, sin demostrar ningún delito».
El Frente Renovador fue la única agrupación opositora que se pronunció de manera cercana al oficialismo nacional. El cordobés José Manuel de la Sota indicó que «Brasil es nuestro principal socio. Ojalá que respetando su Constitución y sus leyes, las partes en pugna resuelvan sus diferendos en bien de todos».
Otras voces
Uno de los primeros gobiernos latinoamericanos en manifestar su apoyo a Dilma fue el de Venezuela, que señaló que la mandataria fue víctima de un Golpe de Estado. En concreto, Nicolás Maduro dijo que «el Golpe de Estado en Brasil es una señal grave y muy peligrosa para el futuro de la estabilidad y la paz de todo el continente. Sé que ahora vienen por Venezuela».
El presidente sostuvo que «poderosas fuerzas oligárquicas, mediáticas e imperiales han decidido acabar con las fuerzas progresistas, liderazgos populares de izquierda y revolucionarios del continente. Algunos creían que la arremetida era solo contra Venezuela. No, vienen por todos». Parte del bloque oficialista en el Parlamento dijo que lo sucedido es «una violación a la democracia».
El vecino Uruguay, por intermedio de su canciller, Rodolfo Nin Novoa, admitió que «la situación política de Brasil puede tener algún efecto de cambio» en la negociación que llevan adelante el Mercosur y la Unión Europea (UE) para un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques.
Por el lado de Colombia se abogó por la conservación de preservar «la institucionalidad democrática y la estabilidad» de Brasil. «En la actual coyuntura, Colombia confía en la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad, fundamentos indispensables del Estado de derecho. La estabilidad de Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo», se expresa en un comunicado de la Cancillería.
A través de la red Twitter, el gobierno ecuatoriano manifestó «su profunda preocupación» por los acontecimientos en Brasil y expresó «su decidido respaldo al pueblo y al gobierno constitucional de la presidenta Rousseff, legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas».
En tanto, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, indicó que Asunción respeta «las decisiones institucionales» y precisó que esa actitud se basa en el principio respetado por el gobierno paraguayo de «la no intervención en los asuntos internos de otros Estados».
La cancillería chilena indicó que «el gobierno expresa su preocupación por los acontecimientos de los últimos tiempos en esa nación hermana, los que han generado incertidumbre a nivel internacional, considerando la gravitación de Brasil en el ámbito regional». En un comunicado se señaló que «la democracia brasileña es sólida y los propios brasileños sabrán resolver sus desafíos internos. Chile reafirma su decidido respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas en Brasil y en cada uno de los países de América del Sur».
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló que Estados Unidos continuará «al lado» de Brasil pese a estos tiempos «complejos» y manifestó que «sigue teniendo confianza en la capacidad del gobierno brasileño» para superar esta crisis. Earnest remarcó que su país considera a las instituciones brasileñas lo suficientemente maduras para enfrentar la situación, y sostuvo que las respeta, así como «los procedimientos políticos» que se están llevando a cabo en Brasil.
