Con 55 votos positivos y 3 oposiciones en la Legislatura Porteña, se convirtió en ley la penalización a las personas que realicen escraches a quienes desarrollan actividades vinculadas con la Educación Salud, Seguridad y Justicia durante el contexto de pandemia por coronavirus. Los tres sufragios negativos fueron los de Myriam Bregman, Gabriel Solano y Marta Jacqueline Martínez.
De esta manera, en la Ciudad de Buenos Aires aquellos ciudadanos que amenacen, discriminen, maltraten u hostiguen a personal en estos rubros van a ser multados por hasta 17.000 pesos. Esta iniciativa modificó 3 artículos del Código de Contravenciones debido a que «se observaron comportamientos disvaliosos por parte de algunos ciudadanos».
«Hay que condenar las conductas despreciables de los vecinos que no entienden las reglas de convivencia y no está bien que pase inadvertido el hostigamiento y la discriminación a los trabajadores que ponen el cuerpo a esta pandemia», manifestó Claudio Cingolani, diputado del oficialismo, al respecto de la sanción favorable en la Legislatura del proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo. «Estas personas básicamente pretenden imponer sus propias reglas de convivencia, atentando contra los derechos civiles de los demás. El personal de salud es la primera línea de defensa frente a la pandemia, y merece todo nuestro respeto y agradecimiento”, amplió su par Gimena Villafruela.
Precisamente, se incorporó un inciso en el artículo 53 de la normativa y se duplica el importe de las multas en los casos que la persona señalada fuere «trabajador de la educación, sea docente o no, o trabajador de la salud, policial o judicial, sea profesional o no» por «haber estado en contacto con personas infectadas o casos sospechosos de alguna enfermedad contagiosa».
Además, si se comprueba «una obstaculización o un impedimento intencional y sin causa justificada de la salida de lugares públicos» la sanción duplica su importe, por lo que este valor ahora es de $2.000 o 20 días de trabajo de utilidad pública.
Asimismo, el artículo 68 refiere a la discriminación y establece que quien no respete la pacífica convivencia tendrá que pagar hasta 17.000 pesos o realizar trabajo comunitario por un lapso de diez días. «Es necesario cuidar al personal de salud en este contexto que estamos atravesando», aunque «recibimos cientos de reclamos de esos trabajadores por falta de insumos y porque se sienten desamparados», expresó Claudia Neira, legisladora del opositor Frente de Todos, acerca de la atención de otros reclamos del sector ante el Estado. «Hay un descontento del sector de la salud y no podemos permanecer como si nada estuviera ocurriendo porque necesitamos tener al personal sanitario cuidado y protegido», concluyó en línea con Alejandrina Barry (perteneciente al Frente de Izquierda), quien reclamó insumos para «trabajadores del Hospital Piñeyro, que utilizan camisolines que deben reutilizar al día siguiente, llevándoselos a lavar a la casa», a lo que agregó que «Argentina se encuentra entre los países con más personal de salud contagiado».
