El miércoles 22 de julio la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio inicio a las actividades del Laboratorio Jurídico sobre COVID-19 que brinda acceso a casi 200 países a bases de datos y documentos para investigar y gestionar la pandemia por coronavirus.
El objetivo de esta iniciativa es «garantizar que las leyes protejan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades y respeten las normas internacionales de derechos humanos» y colaborar con los diferentes Estados para aplicar normativas legales en el tratamiento contra la enfermedad que aqueja a todos los habitantes del planeta.
Desarrollado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OMS, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Instituto O’Neill de Derecho Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown, se puede acceder a las medidas vigentes a través del sitio oficial, entre ellas, las 6 de Argentina (Circular 4 del 25 de marzo, Decreto 260/2020, Disposición 1.771/2020, Resolución 627/2020, Decisión Administrativa 450 y derechos ante casos de HIV y COVID-19).
Al respecto del laboratorio que ya se encuentra en funcionamiento, el administrador de PNUD, Achim Steiner, asegura que «las leyes y las políticas basadas en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos pueden lograr que las personas accedan a los servicios de salud, se protejan de COVID-19 y vivan libres de estigmas, discriminación y violencia». Además, «el Laboratorio Jurídico sobre COVID-19 es una herramienta importante para poner en común prácticas óptimas en materia de leyes y políticas».
Asimismo, desde la OMS afirman que «las leyes bien diseñadas pueden ayudar a construir sistemas de salud sólidos, evaluar y aprobar medicamentos y vacunas seguros y eficaces, y tomar medidas para crear espacios públicos y lugares de trabajo más saludables y seguros. Sobre todo, son fundamentales para la aplicación efectiva del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS: la vigilancia, la prevención y el control de las infecciones, la gestión de los viajes y el comercio, y la aplicación de medidas para mantener los servicios de salud esenciales».
«Para hacer frente al COVID-19, los países necesitan contar con marcos jurídicos sólidos», expresó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. «A menudo, hay leyes no estrictamente centradas en el sector sanitario que, sin embargo, afectan a la salud pública. Dado que la salud es una cuestión mundial, los marcos jurídicos deben estar alineados con los compromisos internacionales para responder a los riesgos actuales y emergentes a los que se enfrenta la salud pública. En estos momentos, es más importante que nunca disponer de una base jurídica sólida en materia de salud», detalló el titular del organismo.
Otra de las metas que intenta alcanzar el Laboratorio Jurídico es combatir el estigma y la discriminación, que vivimos en carne propia aquellos que pertenecemos al sector de trabajadores esenciales (además del personal de la salud, se comprende al ejercicio del periodismo). «Las leyes nocivas pueden violar los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública», manifestó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «Para garantizar que las respuestas a la pandemia sean eficaces, humanas y sostenibles, los gobiernos deben utilizar la legislación como herramienta para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por coronavirus».
Qué contiene el laboratorio
Además de lo antes mencionado, la OMS asegura que se incluyen «declaraciones de estado de alerta o emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de enfermedades, medidas legislativas relacionadas con el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y el acceso a medicamentos y vacunas» y esperan que «la base de datos se engrosará a medida que se añadan más países y temas».
Finalmente, la directora ejecutiva del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, Katie Gottschalk, aseguró que se deben «extraer lecciones de las políticas adoptadas en la etapa inicial de la pandemia para poner en práctica las leyes más eficaces en el futuro. El Laboratorio Jurídico sobre COVID-19 sirve precisamente para ese fin».
