El objeto de un balance suele ser el de sopesar lo positivo y lo negativo dentro de un determinado marco de investigación. Desafortunadamente, es realmente poco lo positivo que se puede mencionar en materia de derechos humanos en este 2024, signado por una batalla cultural que el Gobierno intenta instalar valiéndose de todos los recursos posibles para ello. Aquí están los puntos más importantes de un año de retrocesos.
Visitas a genocidas
Si la intención de estas líneas es dar cuenta de lo más relevante en materia de derechos humanos de este año, el escándalo generado por la visita de diputados del partido gobernante (La Libertad Avanza) a genocidas condenados en el penal de Ezeiza es, sin dudas, la noticia del año por lo repugnante y sus implicancias.
Y, a pesar de la gravedad del asunto, cumplió con todas las fases de un escándalo que le hace honor a la frivolidad de estos tiempos. Primero, la filtración que puso de manifiesto la existencia de la visita. Luego, la infame foto de los diputados Benedit, Montenegro, Ferreyra, Araujo y Arrieta con algunos de los genocidas más temibles de la última dictadura cívico militar como Alfredo Astiz, Raul Guglielminetti, Jacinto Corteaux, Juan Carlos Vázquez Sarmiento o Adolfo Donda, entre otros.
La excusa primigenia fue disfrazada de humanitarismo y el hecho de saber en qué estado estaban cumpliendo su condena personas que, incluso presas, viven con menos privaciones que muchos de nosotres, pero quizás con ánimos de exposición o tal vez con algo de miedo por la derivaciones del hecho, la diputada Lourdes Arrieta expuso mensajes de un grupo de WhatsApp en el que queda de manifiesto que la visita respondía a la intención de impulsar un proyecto de ley que mande a casa a todos los represores que cumplen condenas en unidades penales.
A modo de “anfitrión” o coordinador, el padre Javier Olivera Ravassi -que recientemente encabezó una protesta en la puerta del canal de streaming OLGA y, además, es hijo del genocida Jorge Olivera- ofició de nexo con el grupo de legisladores oficialistas para facilitar las necesidades de los genocidas y mover influencias en el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad para permitir la visita.
Aunque la exposición pública de la jugada ralentizó la maniobra de impunidad, el hecho constituye una grave afrenta a la memoria y a la vigencia de los juicios que se llevan adelante todavía contra los genocidas que aún sobreviven. Y quizás lo más lamentable es que -como durante todo el año- no hubo una respuesta política a la altura para expulsar a los involucrados, aunque cursa en la Justicia una causa judicial que los tiene bajo investigación.
Amenazas, provocaciones y vaciamiento
Tal vez, aquella función en el cine Atlas Caballito en el mes de enero, interrumpida por un presunto operativo para detectar “una bomba”, fue el aviso de cómo iba a ser utilizado el miedo como condicionamiento psicológico para reinstaurar otra forma de terror en la sociedad.
El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel sacó en este punto el máximo provecho de su primer año de “veranito”, eligiendo la vía del vaciamiento y la quita de recursos a los sectores que no pudo cerrar, intervenir o disolver.
En lo discursivo, hubo elogios de Milei para los indultos de 1989 y 1990, agresiones de Villarruel a dirigentes de derechos humanos, un pedido de “reconciliación” de la sociedad con las Fuerzas Armadas (nada que Alberto Fernández o Macri no hayan hecho), palabras de Patricia Bullrich diciendo que había detenidos “sin causa” y que el encarcelamiento a genocidas se convirtió en “una venganza”, y hasta hubo un spot oficial difundido el 24 de marzo con el objetivo de provocar e instalar la narrativa de una “guerra” para describir al Golpe de Estado en 1976.
Esto vino acompañado de guiños como el acto de marinos retirados que el ministro Luis Petri permitió en la ex ESMA, espacio que ya no le pertenece a la Armada; o la oleada de amenazas, ataques a locales partidarios, allanamientos políticos, disciplinamiento a la prensa libre y persecución de todo lo que desde la Casa Rosada se considere “una amenaza”.
Cuando pasaron a la acción, la cosa no fue mejor. Fue desmantelado el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, órgano civil que cumplía una misión clave en la recopilación de información para llevar adelante los juicios a represores.
También se habilitó por ley la modificación al Banco Nacional de Datos Genéticos y decidió que los ministerios de Defensa y Seguridad no aporten información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, antes de finalmente eliminar este organismo clave para la búsqueda de los más de 300 nietos cuya identidad falta restituir.
Finalmente, el Ejecutivo también interrumpió obras de infraestructura, detuvo excavaciones arqueológicas, desprotegió espacios que constituyen prueba judicial, desfinanció los sitios de memoria de todo el país y despidió masivamente a trabajadores de los 8 espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Lesa humanidad
Con mucho esfuerzo, algunos juicios llegaron a término durante este año, pero el signo de la época demuestra que la mesa de la impunidad está servida y nadie quiere faltar. Es por eso que hubo una inusual cantidad de pedidos de libertad condicional o prisión domiciliaria de los genocidas que aún cumplen arresto en unidades penitenciarias.
Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, de las 690 causas judiciales iniciadas desde el reinicio de los juicios de lesa, 326 encontraron sentencias condenatorias. Quizás el dato que deja más expuesta la retracción del accionar judicial es que al día de hoy, 8 de cada 10 genocidas condenados está “cumpliendo condena” en su casa.
Esto hace que los responsables del horror puedan darse lujos como hizo el antes mencionado Jorge Olivera, que en marzo hizo una súper fiesta por sus bodas de oro con otros genocidas presentes y un show privado de Ramón “Palito” Ortega.
De este lado quedamos en deuda: para el 24 de Marzo, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (colectivo histórico e independiente) propuso unificar la marcha para darle fuerza al reclamo. Desgraciadamente, esta apertura no fue correspondida por los organismos alineados al peronismo, quizás priorizando el costado partidario y su reticencia a aceptar las denuncias del siempre combativo e intelectualmente honesto documento del EMVJ.
Protocolo antipiquetes
Acostumbrada a ser noticia por papelones o medidas autoritarias, Patricia Bullrich sacó a la calle su “Protocolo Antipiquetes” para que ahora solamente las fuerzas represivas puedan interrumpir la libre circulación -en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.
Además, le dio facultades a los cuerpos de seguridad para el libre ejercicio de la violencia para coartar el derecho a la protesta, manifestación y reunión.
Capitalizando al máximo el concepto axiomático de “si no lo veo, no existe”, Bullrich fue la encargada de ejecutar la enorme transferencia de recursos para la represión como herramienta para borrar todo atisbo de malestar y bronca social.
La violencia política volvió de lleno a la actualidad, como represiones cotidianas que el solo enumerarlas haría aún más extenso este balance. Puntualizaremos en la que se llevó adelante el 1º de febrero mientras se discutía el extinto proyecto de «Ley Ómnibus», la feroz represión contra la denominada Ley Bases, que conllevó una gran puesta en escena oficial para montar un panorama de guerra y la persecución judicial contra las decenas de personas detenidas en ese 12 de junio.
No restaremos importancia a los episodios de violencia contra manifestantes luego del veto a la ley de Financiamiento Educativo y los miércoles de palazos a jubilados, una triste costumbre contra uno de los sectores más perjudicados por la política económica nacional.
Como corolario, el reciente asesinato de un trabajador informal en Orán, Salta, por parte de Gendarmería se convirtió en la primera muerte atribuible al gobierno de Milei en situación de protesta, a pesar de que la ministra Bullrich haya intentado disfrazarlo como parte de la “lucha contra el narcotráfico”.
Ausencias
En un año de grandes retrocesos, también sufrimos pérdidas que serán irreemplazables y que, de algún modo, nos conmina a tomar la posta en estos tiempos de oscuridad. Podemos mencionar a Mirta Acuña de Baravalle, Sara Ruz, Luisa Torres de Toledo o María Inés de Ragni, referentes históricas de Madres de Plaza de Mayo. También de Lita Boitano o Irma Scrivo de Morresi, integrantes del colectivo Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, o la dolorosa partida de la nieta recuperada Laura Fernanda Acosta.
De todos modos, en este apartado es insoslayable pasar por alto la figura de Nora Morales de Cortiñas, por su militancia de vida inclaudicable y, también, por ser la “Madre de todas las luchas”. Sin casarse con gobiernos o partidos, siempre estuvo presente en cada sitio y en cada momento en el que se vulneraron derechos, ella sigue acompañando y cuidándonos desde otro plano.
Acostumbrados a las malas noticias, el 2024 no puede dejarnos un sabor más amargo cuando pensamos en lo vapuleado de los derechos humanos y, aunque quizás no suela ser una temática de interés masivo, es preciso admitir que es un requisito fundamental de los gobiernos autoritarios y empobrecedores pauperizar la calidad de los derechos elementales básicos de las mayorías.
Una vez que esto suceda, la sociedad volverá a estar en condiciones de tomar en sus manos su propio destino y volver a marcar el límite de la dignidad que hoy no deja de caer.
