El pasado 25 de mayo, Amnistía Internacional junto a la Comisión Internacional de Juristas presentaron un informe sobre el trato a mujeres y niñas por el régimen talibán.
Cabe destacar que dicho informe comprende el periodo entre agosto de 2021 y enero de 2023, analizando fuentes fidedignas, entre ellas el informe de Amnistía Internacional de 2022 «Death in Slow Motion», las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, brinda un balance jurídico de los motivos por los cuales las mujeres y las niñas que huyen de la persecución en Afganistán deben, presumiblemente, ser consideradas personas refugiadas que necesitan protección internacional.
En esta actualización, sostienen que deben investigarse estos actos como crímenes de lesa humanidad basados en motivos de género. Refiriéndose así no solo a las restricciones impuestas sino, además, a la encarcelación, la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos que, según el artículo 7.1. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), se consideran crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, Santiago A. Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, se refirió al tema declarado: “La campaña de persecución por motivos de género por parte de los talibanes es de tal magnitud, gravedad y carácter sistemático que, acumulativamente, los actos y políticas forman un sistema de represión que aspira a subyugar y marginar a las mujeres y las niñas en todo el país. Nuestro informe indica que estos hechos cumplen los cinco criterios necesarios para ser considerados un crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos de género”.
