Publicado en el Boletín Oficial de este jueves y mediante el Decreto 337/2015 con la previa aprobación el 25 de febrero de la Cámara de Diputados, ya es efectiva la disolución de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La creación de la AFI fue aprobada en el Congreso por 131 votos a favor y 71 oposiciones, y será puesta en marcha en un plazo no mayor a 120 días y se dedicará a «la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional». Asimismo, se encargará de «la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información».
Entre los principales cambios de un organismo a otro se enumeran las designaciones del director y subdirector general, quienes son designados por el Poder Ejecutivo (con acuerdo del Senado), que además tiene la facultad de disponer el cese de funciones de ambos.
Otra modificación de la normativa apunta a los tiempos de desclasificación de información, que se acorta a 15 años y es catalogada en tres categorías: confidencial, pública y secreta.
Estamos ante muchos cambios en este ámbito, pero algo no se modifica: el acceso de la ciudadanía al destino de los fondos y la labor de los funcionarios públicos para su control porque, recordemos, se trata de nuestros representantes para mejorar nuestra calidad de vida.
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