En un contexto de creciente desinformación y discursos hostiles hacia la población migrante, el especialista en migración Pablo Ceriani advirtió sobre el peligro de reformas regresivas que buscan restringir el acceso de personas extranjeras a la Universidad Pública en Argentina. «Es inconstitucional y contrario a los tratados internacionales que el país firmó», sostuvo el también vicepresidente del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Migrantes y sus Familias, en diálogo con Clínica Migrante en Latidoamérica.
Ceriani, quien dirige la Especialización en Migración en la Universidad Nacional de Lanús, participó del programa para responder a las preocupaciones de miles de estudiantes migrantes frente a rumores sobre un posible arancelamiento diferenciado en universidades públicas. «Hay que estar alertas: el Gobierno analiza modificar la Ley de Migraciones por decreto y, entre los puntos que aparecen, está el derecho a la educación superior», alertó.
Los números que desmienten los prejuicios
Uno de los ejes más fuertes de su intervención fue el desmontaje de ciertos discursos discriminatorios basados en supuestas «invasiones» de migrantes en las universidades. Ceriani fue contundente: «Hoy Argentina tiene el porcentaje más bajo de migrantes en su historia. Solo el 4,2% de la población es extranjera. En los años 60 era más del 10%».
En el ámbito educativo, los datos también desmienten los relatos que promueven restricciones: el 3,9% del estudiantado en universidades públicas es migrante, un número incluso menor al total de migrantes en el país. «Eso muestra que acceden menos que los argentinos. En vez de excluir, deberíamos preguntarnos por qué sucede eso, qué barreras enfrentan», planteó.
Paradójicamente, en los estudios arancelados como los posgrados públicos o las universidades privadas, la participación migrante es más alta: 9,1% y hasta 13,6%, respectivamente. «Eso demuestra que los migrantes no solo no ‘usan’ la universidad gratuita sin aportar sino que son quienes más pagan», remarcó Ceriani.
«Todos pagan impuestos, todos sostienen la universidad»
Otro mito fuertemente criticado fue el que sugiere que los argentinos «sostienen con sus impuestos» la educación de los migrantes. Ceriani lo calificó de «falacia absoluta» y explicó que el sistema impositivo lo sostienen todas las personas que habitan el país, sin importar su nacionalidad.
«Cada vez que una persona migrante compra algo, paga impuestos. Si trabaja, paga cargas sociales. Si alquila, contribuye. Muchas veces, por su situación de desigualdad, pagan proporcionalmente más que los sectores de mayores ingresos», explicó.
Además del plano económico y jurídico, Ceriani apeló a la historia: «En la historia argentina hubo un vínculo virtuoso entre migración, universidad e inclusión. Eso explica parte del crecimiento del país. Atacar ese derecho no solo perjudica a migrantes, perjudica a toda la sociedad».
La preocupación internacional
Desde su rol en el Comité de la ONU, Ceriani confirmó que existe preocupación por tendencias similares en otros países de la región. «Se ve un uso político de los migrantes como chivo expiatorio para justificar recortes. No mejora la vida de nadie excluir a las personas migrantes de los derechos. Es una estrategia para debilitar conquistas sociales como la educación pública gratuita», dijo.
Por último, hizo un llamado a la organización social y a la defensa activa del derecho a estudiar. «Estos discursos no pueden normalizarse. La universidad es un derecho para todas las personas que habitan el país, como dice la Constitución. No podemos permitir retrocesos».
