El presidente estadounidense Barack Obama anunció este jueves el tan esperado paquete de decretos orientado a parchear la situación migratoria de 5 millones de indocumentados en Estados Unidos. Esto representa menos de la mitad de los casi 12 millones que actualmente residen ilegalmente en ese país.
En un intento por satisfacer la promesa de su campaña electoral del 2008, pero sin descuidar los intereses del gran público opositor, Obama anunció las tan esperadas medidas que otorgan un permiso o «amnistía» de 3 años y un permiso de trabajo legal a residentes inmigrantes que cumplan los siguientes requisitos:
Demostrar falta de antecedentes penales.
Pagar un cargo.
Saldar impuestos adeudados
Ser padres de ciudadanos y estar en el país por más de cinco años.
Ser padres residentes y estar en el país por más de cinco años.
Ser personas que llegaron antes del 1° de enero del 2010.
Ser personas que llegaron antes de cumplir 16 años.
Quienes no sean prioridad de deportación.
De esta manera, el Poder Ejecutivo intenta evadir el debate en el Congreso en un contexto de clara debilidad de la figura presidencial y su partido, después de las elecciones legislativas del 4 de noviembre, donde el Partido Republicano ganó 250 bancas en el Senado, frente a solo 185 del Partido Demócrata. Históricamente, los republicanos se han declarado opositores a cualquier medida que permita la naturalización masiva y/o residencia legal de los inmigrantes ilegales en Norteamérica. Y esta no fue la excepción.
La comunidad hispana residente en Estados Unidos se expresó parcialmente satisfecha con la propuesta de Obama, ya que deja de lado a casi 6 millones de inmigrantes ilegales que ingresaron al país después de 2010, y aquellos que esperaban una muestra de apertura en las fronteras para nuevos inmigrantes. Obama enfatizó que el objetivo de las políticas de deportación se centrará en los nuevos inmigrantes ilegales y aquellos con antecedentes penales o que representen una amenaza a la seguridad nacional, no las familias. Con esto buscó contentar a la comunidad hispana y, a la vez, dar un guiño a las demandas del creciente electorado republicano, al establecer un refuerzo en las fronteras y negar la ciudadanía.
El Instituto de Política Económica en Estados Unidos publicó un informe en agosto 2014 sobre los efectos de la inmigración en la economía. Los hallazgos de la investigación afirmaron que los 40 millones de inmigrantes (documentados e indocumentados) que actualmente residen en este país aportan mayores beneficios a la economía que pérdidas, ya que aumentan la producción a bajo costo, aumentan el consumo y, por lo tanto, generan empleo. Además proporcionan una forma de que el Estado perciba impuestos de consumo y ganancia sobre personas que no tienen la posibilidad de votar. Al ocupar puestos de poca o nula calificación, los inmigrantes fuerzan a que los nativos busquen salidas laborales más calificadas y con mejor remuneración.
Contrario a lo que postulan los republicanos, el odio hacia lo foráneo parece estar fundado en un conservadurismo extremo sin fundamento económico.