Este miércoles, un operativo de la Gendarmería Nacional en la zona del Puesto 28, sobre la Ruta Nacional 50 entre Aguas Blancas y la ciudad de Orán, Salta, resultó en un trágico desenlace. Fernando Martín Gómez, de 27 años, fue asesinado por disparos de plomo y otras tres personas resultaron gravemente heridas. El hecho generó un profundo rechazo en la comunidad local, que denuncia la militarización de la frontera y el uso desmedido de la fuerza.
Los trabajadores afectados pertenecían al grupo conocido como “bagayeros”, quienes transportan mercaderías como hojas de coca y otros productos desde Bolivia, actividad que representa la principal fuente de ingresos para miles de familias en el Norte Argentino. Según testigos, el enfrentamiento ocurrió cuando los bagayeros fueron atacados por la espalda por efectivos de la Gendarmería, quienes emplearon balas de plomo contra los trabajadores.
La versión oficial de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostiene que el operativo formaba parte del denominado “Plan Güemes”, una estrategia para combatir el contrabando y el crimen organizado en la región. Sin embargo, familiares de las víctimas y organizaciones sociales refutan esta narrativa, afirmando que las personas involucradas no estaban relacionadas con actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. “Fernando solo trabajaba para llevar el pan a su familia”, declaró la esposa del joven asesinado.
El contexto de militarización y la implementación del “Plan Güemes” exacerbaron las tensiones en la región fronteriza. La comunidad de Orán reaccionó con cortes de ruta y manifestaciones, exigiendo justicia por la muerte de Gómez y una revisión profunda de las políticas de seguridad aplicadas en el norte del país.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente la proporcionalidad del accionar de las fuerzas de seguridad, señalando la necesidad de una investigación independiente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Este trágico suceso pone de manifiesto las condiciones de vulnerabilidad de quienes se dedican al “bagayeo” como medio de subsistencia, en un contexto de escasas oportunidades laborales formales.
Este no es un caso aislado sino un reflejo de las tensiones sociales y económicas que atraviesan las zonas fronterizas del país. Las demandas de justicia y el llamado a un cambio en las políticas de seguridad caen en saco roto, mientras la comunidad y los sectores sociales afectados claman por respuestas claras y medidas que prioricen la vida y los derechos humanos por encima de la represión.
