Persecución en Venezuela

El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) denunció que en el mes de enero de este año se persiguió a 187 personas en Venezuela por motivos sociopolíticos. Las víctimas de esta vulneración son periodistas, defensores de derechos humanos e integrantes de organizaciones civiles, además de ciudadanas y ciudadanos. «Cada 4 horas una persona fue perseguida o criminalizada» en el país.

De esta manera, se acusa al gobierno de Nicolás Maduro de aplicar sistemáticamente una estrategia para ejercer el poder y coercionar diferentes actores sociales. Asimismo, debido a la dificultad de cuantificar las presiones sobre la ciudadanía, las cifras pueden ascender a miles, algo que sucede de la misma manera en la mayoría de los países en todo el mundo. Incluso, en nuestro país la Pauta Oficial es utilizada por diversos gobiernos como método de presión y premiación (mediante incremento en los valores) sobre los contenidos divulgados en medios de comunicación. México, por ejemplo, se ubica como una de las naciones más riesgosas para ejercer el oficio.

En el caso de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) «ordenó el cese de las transmisiones de la emisora Kalidad 90.3 FM ubicada en el Estado Táchira, específicamente en el Municipio Fernández Feo. Además, 16 locutores, 4 operadores y 3 personas del área de administración y mantenimiento quedaron sin trabajo», denuncia CEPAZ. Por otro lado, los periodistas Nilsa Varela y Manuel Ruiz recibieron hostigamiento «mientras cubrían la instalación de la Cámara Municipal» y hasta «les ofrecieron agua con veneno para ratas».

Otra colega víctima de ataques fue Carola Briceño, acusada de liderar una red de extorsión contra empresarios y políticos, «luego de que la periodista publicara una serie de trabajos de investigación sobre Santiago y Ricardo Morón Hernández, presuntos testaferros de Nicolás Ernesto Maduro Guerra», hijo del Presidente.

En cuanto a hechos de censura informativa, en enero de este año CEPAZ denunció 7 impedimentos, entre ellos la cobertura de una protesta de trabajadoras y trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). También se notificó que 70 empleados de SIDOR fueron despedidos y uno de ellos, César Soto, recibió la visita de la Guardia Nacional en su domicilio y, al no encontrarse, su esposa fue amedrentada.

Finalmente, vale mencionar que en la región y resto del mundo se duplicaron los crímenes hacia periodistas y lo que debiera ser derechos universales, el acceso a la comunicación y la información, se convierten en herramientas a disposición para ejercer poder.