La reciente reforma migratoria impulsada por el Gobierno argentino a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) generó fuerte preocupación en organizaciones sociales, especialistas jurídicos y comunidades migrantes.
Durante una nueva emisión del espacio Clínica Migrante, Audrin Bermúdez, abogada penalista migrante colombiana; y el abogado argentino especializado en derecho migratorio, Martín Quinterno, brindaron un análisis detallado de los principales puntos del decreto y su impacto real en la vida de las personas extranjeras que residen o desean residir en Argentina.
«El discurso oficial no se corresponde con la letra de la norma ni con la práctica concreta. Nos hablan de una supuesta urgencia, de migrantes que saturan servicios, de seguridad, pero no hay datos ni evidencia que sustente ese relato», afirmó Quinterno.
Cambios en la ciudadanía: una traba invisible pero determinante
Uno de los cambios más significativos -y menos visibilizados- es la modificación del régimen de acceso a la ciudadanía argentina. Hasta ahora, cualquier persona extranjera con dos años de residencia podía tramitar su nacionalización ante un Juzgado Federal. Con el nuevo decreto, esa potestad fue transferida a la Dirección Nacional de Migraciones, se eliminaron requisitos previamente establecidos y se fijaron nuevas condiciones restrictivas: solo podrán acceder a la ciudadanía quienes cuenten con DNI y residencia continua durante al menos dos años, sin salidas del país. La segunda vía es la inversión económica, aún sin reglamentación.
«El problema es que, en la práctica, nadie puede tramitar su ciudadanía hoy. El proceso está paralizado. Esto afecta gravemente a personas que quieren establecerse de forma definitiva en Argentina, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad», advirtió el especialista.
Endurecimiento de las expulsiones y vacíos legales
Otro punto clave es la introducción de procedimientos sumarísimos para la expulsión de personas migrantes. Aunque Migraciones ya contaba con potestades para expulsar en casos concretos, ahora se reducen los tiempos y las vías de apelación. Esto genera situaciones de expulsión «exprés», con poco margen para la defensa legal.
«Se está habilitando un sistema en el que una persona puede ser notificada por error, perder el plazo para apelar y quedar con una orden de expulsión sin saberlo», explicó Quinterno. «Hay que actuar rápido. Si Migraciones no resuelve un trámite, existe la figura del amparo por mora, una herramienta judicial eficaz para exigir respuesta».
Un caso que lo ilustra todo
Durante el programa, se presentó el testimonio de un migrante venezolano que lleva más de diez años en Argentina y hoy enfrenta un vacío legal. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos -incluyendo la resolución de un proceso judicial y la entrega de la documentación correspondiente-, su trámite está paralizado sin explicación. La falta de respuestas, sumada al vencimiento inminente de su residencia y documento de identidad, lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
«El primer paso es buscar asesoría legal. No se puede enfrentar un proceso jurídico tan complejo sin acompañamiento. Muchas personas migrantes se ven obligadas a llevar adelante sus trámites solas, sin herramientas ni recursos», señaló Quinterno.
Impacto económico y falsos argumentos
Uno de los argumentos del DNU es que los migrantes representan una carga económica para el Estado. Sin embargo, según Quinterno, «no existe ningún dato oficial que lo respalde». Además, la educación y la salud -dos servicios señalados por el gobierno- son competencias provinciales, y muchas jurisdicciones expresaron que seguirán garantizando el acceso universal.
«El aporte de la migración es fundamental para la economía argentina. Los migrantes pagan impuestos, alquilan, consumen y, en muchos casos, generan su propio empleo. Hay un imaginario popular erróneo que los ve como receptores pasivos de recursos, cuando en realidad vienen a aportar», remarcó.
Reunificación familiar: derechos en retroceso
Otro aspecto sensible es la reunificación familiar, que antes operaba como un mecanismo de excepción para evitar expulsiones cuando había hijos argentinos de por medio. Con la nueva norma, esto deja de ser una garantía automática.
«Ahora, tener hijos en el país no impide una expulsión. La ley dice que se evaluará el caso, pero no hay garantías. Es un retroceso serio en términos de derechos humanos y del derecho internacional de las migraciones», explicó el abogado.
Un llamado a la organización e información
La reforma, según Quinterno, responde a una estrategia política para desplazar el foco de los problemas estructurales del país, utilizando a las personas migrantes como chivo expiatorio. Frente a este escenario, desde Clínica Migrante y diversas organizaciones se insiste en la necesidad de informarse, organizarse y acceder a defensa legal.
«Hoy, más que nunca, es fundamental saber qué derechos nos asisten, qué herramientas existen para protegerlos y cómo actuar frente a abusos. Esta es una pelea por el derecho a existir, a vivir con dignidad y a no ser criminalizado por migrar», concluyó.
