La medida por la que se suspenden los desalojos, se congelan los importes de alquileres para locaciones y se extienden los contratos para viviendas únicas va a tener una extensión total (hasta el momento) de un año, desde que el Gobierno Nacional hizo efectiva la Emergencia Pública en marzo de 2020.

Esta prórroga en respuesta a la situación económica y habitacional causada por la pandemia de coronavirus tendrá vigencia hasta el miércoles 31 de marzo. La misma fue publicada en el Boletín Oficial y rige bajo el Decreto 66/2021 que, además, establece la ampliación de 6 a 12 cuotas para saldar deudas de inquilinos hacia propietarios.

Asimismo, vale mencionar que no podrán penalizarse con intereses las faltas durante este periodo a los contratos firmados entre las partes y hasta el 30 de septiembre no podrán ejecutarse procesos de mediación como consecuencia de lo descrito en el documento.

De todas formas, abundan casos en los que propietarias y propietarios presionan para desocupar el inmueble, actualizar los valores del alquiler con porcentajes que superan hasta el doble de lo previamente establecido y no cumplimentan con lo reglamentado. De hecho, hablo en primera persona porque en el último trimestre de 2020 y con el contrato de alquiler finalizado en el mes de octubre, la dueña del departamento que habitaba decidió pasar de 20.800 a 52.000 pesos el importe mensual y, ante la negativa, comenzó un proceso de desgaste con llamados permanentes para realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del departamento, que incluían mensajes constantes del pintor, pulidor y consultas diarias de la propietaria por mensajería instantánea.

«Tres millones en situación de desalojo»

Recordemos que una encuesta nacional realizada por la Federación de Inquilinos, el año pasado determinó que más de la mitad de las y los locatarios (exactamente 51,6% sobre un millón de hogares) manifestó hacer uso de la medida debido a la situación crítica en la que se encontraba.

Precisamente, la organización detalló en el mes de octubre algunas conclusiones respecto al contexto. Los siguientes son algunos de los puntos tuiteados a través de un hilo en la cuenta Inquilinos Agrupados: «Tres millones de inquilinos de todo el país estarían en situación de desalojo cuando finalice la vigencia del decreto (en enero de 2021, que finalmente fue extendido). El 48,6% de los ingresos totales del hogar se destinan solo a pagar el alquiler. Alarma que 17.500 familias (52.000 inquilinos) fueron desalojados de manera violenta durante el mes de septiembre. El 34,2% no pudo pagar las expensas. El 69.3% de los encuestados son mujeres. Alrededor de un millón de hogares inquilinos tienen dificultades para pagar el alquiler (1.022.000). Esto supone que el 1º de febrero, cuando finalice el Decreto 766, tres millones de inquilinos estarían en situación de desalojo.