Aceptar tarjetas de débito será obligatorio en cada negocio. Así lo ratificó un fallo judicial a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la que un empresario marplatense acusaba a la medida de inconstitucional.
Muchos recordarán medio año atrás cuando la AFIP lideró el operativo «Verano 2015» en el que intimidaba y multaba a negocios de la costa argentina por no poseer posnet. Con esta medida se buscaba incrementar las arcas fiscales y atrapar negocios evasores, en auge especialmente en esa zona por la época del año.
Meses después de estos sucesos, el Tribunal de Primera Instancia de la Justicia Federal de Mar del Plata se apoyó en un fallo de la Corte Suprema para confirmar la facultad de la AFIP en la reglamentación de esta norma y negar su inconstitucionalidad, por considerar que no existe prueba concreta alguna de que esta obligación viole el derecho aducido por el contribuyente de trabajar, de propiedad y de capacidad económica.
En un intento de contemplar el estado de las pequeñas y medianas empresas, Ricardo Echegaray (titular de AFIP) se reunió con Osvaldo Cornide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y comunicó que se esperará un «tiempo prudencial» antes de aplicar sanciones. En este marco, también aseguró que se harán las reformas necesarias en la reglamentación para actualizar el monto de devolución a cuenta del IVA del costo del sistema. Sin embargo, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos afirmó que el uso del posnet es «inexorable y deberá cumplirse totalmente».
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires ya se analiza aprobar un proyecto de ley para hacer de la implementación del posnet un hecho, como parte de una iniciativa del senador platense Gustavo Oliva (del Frente para la Victoria) que fue apoyada por el arco oficialista y el gobernador bonaerense Daniel Scioli.
En lo que constituye una medida efectiva para combatir la evasión fiscal, el debate surgirá con respecto a los plazos de pago de las entidades bancarias, los límites de facturación y los costos sobre ventas que los pequeños comerciantes deberán enfrentar una vez que las sanciones se hagan presentes.
