Este viernes en el Noticero charlamos con Tamara Rossi, abogada de la Defensoría de Laburantes, sobre las denuncias de utilización de recursos públicos y explotación de trabajadoras y trabajadores de la Línea 147 de la Ciudad de Buenos Aires para campañas con fines políticos de María Eugenia Vidal y Diego Santilli en la capital y provincia bonaerense, respectivamente.

«Desde la Defensoría hacemos, principalmente, un trabajo de acompañamiento de reclamos legales a trabajadores precarizados y vulnerados en sus derechos. Tenemos causas contra la empresa privada GIV S.R.L. hace un un buen tiempo, pero en el último año sucedieron algunas cuestiones que fuimos denunciando y en las últimas semanas pudimos verificar y cerrar el círculo. Esta empresa de call center es la que licitó y tercerizó con el Gobierno de la Ciudad el servicio de la gestión de la Línea 147, que es el que cualquier vecino o vecina puede llamar por cualquier consulta o sacar un turno para hospital o que corten una rama de árbol, por ejemplo. Este es el que responde, toma los datos de la persona y tiene que brindar la respuesta o solución al caso. En marzo de este año, el Gobierno de la Ciudad amplía el presupuesto de esta empresa en 2.400%, es decir, en dinero son 750 millones de pesos. Lo denunciamos porque, a su vez, con la ampliación no se modificaron las tareas», detalla Rossi, «de forma directa, sin hacer una nueva licitación».

«Nosotros lo denunciamos en su momento porque no entendíamos la causa, y hace algunas semanas nos cerró el círculo porque nos empezaron a llegar consultas de trabajadoras de este call center que nos referían que habían pasado de trabajar en el 147 a hacerlo para la campaña política de Vidal en la Ciudad de Buenos y Santilli en la provincia. Y en pésimas condiciones de trabajo: duplicaron su jornada de 6 a 12 horas por día con un salario de 23.000 pesos por mes, lo cual es, a todas luces, ilegal. También sufriendo maltratos y presiones para trabajar incluso los días domingo, y utilizando la información de ciudadanas y ciudadanos que tenían a través de la base de datos del 147, y siendo obligadas a mentir respecto de dónde sacaban la información y de quiénes eran. Las obligaban a decir que eran militantes del PRO y que militaban en la casa de un amigo y que los números telefónicos los conseguían de la guía o eran aleatorios, cuando no era así. Lo que hicieron fue manipular los datos públicos y que deberían ser resguardados por el Estado y no para beneficio de su propia campaña política», asegura la abogada.

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