“Porque la corrupción no la vamos a derrotar quejándonos, ni en Twitter ni en Facebook. La tenemos que derrotar en las urnas. La mejor manera de derrotar la corrupción es elegir siempre gente decente a todos los cargos de elección popular. Pero existe otra manera: los siete mandatos de la consulta anticorrupción, porque así vamos a quitar los privilegios que tienen los corruptos. Que el que robe a los colombianos de verdad la pague y vaya a la cárcel. Vamos a ponerle controles a los políticos, controles a los que rindan cuentas, controles a la contratación y el presupuesto. Controles para que no se atornillen en el poder máximo tres periodos”, señala Claudia López, senadora y fórmula vicepresidencial del excandidato Sergio Fajardo.

El miércoles 20 de junio, con la publicación del tarjetón que se votará el próximo 26 de agosto, comenzó la campaña por la consulta anticorrupción. Una de sus principales promotoras ha sido la excandidata a la vicepresidencia y senadora Claudia López, quien hará uso de uno de los mecanismos de democracia directa que ayudó a construir en su juventud como integrante del movimiento de la séptima papeleta, hoy integrante del Partido Verde.

Qué es un referéndum

El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana en la democracia directa de cualquier país. En Colombia se encuentra vigente hace 27 años con la constitución de 1991. Sin embargo, a pesar de lo útil que resulta para la democracia, es muy difícil llegar al éxito en una consulta. Se necesita llegar a los umbrales del 33 o del 51 por ciento del censo electoral con el voto positivo y no tiene financiación pública. Se activa mediante la recolección de firmas y la participación de la comunidad.

El referéndum más polémico en los últimos años fue el “plebiscito por la paz” que tuvo lugar el 2 de octubre de 2017 en Colombia y no obtuvo la mayoría para su aprobación.

Qué pretenden los colombianos

El proyecto quiere poner fin a las llamadas “mermeladas”, mecanismo de entrega de presupuesto a cambio de favores políticos. Así como también las licitaciones a contratos amañadas y los salarios exorbitantes de algunos cargos públicos.

Estas tres características que definen los mecanismos de la corrupción son un fenómeno generalizado que le cuesta a los colombianos 50 billones de pesos (más de 18.400 millones de dólares), según señaló el contralor general, Edgardo Maya Villazón, el pasado mes de enero.

Asimismo, se pretende combatir la corrupción desde la célula y poder ganarle la partida al robo y desvió de capital desde las alcaldías hasta el gobierno nacional.

Para que los puntos sean aprobados deberán participar ese día más de 12.231.314 de ciudadanos, es decir, la tercera parte del censo electoral. Además, cada uno tendrá que obtener como mínimo 6.130.000 votos por el sí.

La iniciativa

El referéndum fue presentado como un documento con siete mandatos a forma de preguntas.  De esta manera, se requiere saber si los colombianos están de acuerdo con estas premisas para combatir la corrupción.

Las preguntas son las siguientes:

Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.

Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

Contratación transparente obligatoria en todo el país.

Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.

No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.

El gran reto de Iván Duque

En caso de que se apruebe el mecanismo de participación ciudadana, el nuevo gobierno debe comenzar con estos siete mandatos anticorrupción e implementarlos, cumplirlos y, de esta manera, solventar el problema de corrupción que es el más grave que tiene Colombia en la actualidad. Hemos salido de la violencia y de las FARC, un flagelo que duró más de 50 años. Pero ahora nos están robando el 25% de los impuestos en el presupuesto. Nos están robando 50 billones de pesos al año.

Esto se traduce en muerte, menos hospitales, paupérrimas condiciones de empleo y salario, sin contar con las muertes por desnutrición, vías en mal estado y acceso casi nulo a la educación en las regiones más ricas en minerales y con más recursos naturales en el país.

Sin dudas, la pregunta que más retumba en algunos funcionarios tiene que ver con la reducción de sueldos a congresistas de 41 salarios mínimos mensuales a 25. Es decir, reducir el importe mensual de los legisladores de 32 millones de pesos a 19,5 millones. Si se hace la conversión a dolares, sería pasar de ganar 11.800 dólares a 7.200 mensuales. Se quedan sin el pan y sin el queso… y olvidate de la “mermelada”.

puntocero 2018

La comunicación es un derecho humano. Todos los contenidos y opiniones publicados en el sitio puntocero.me quedan bajo la exclusiva responsabilidad de su autor. El medio respalda la libertad de brindar información, emitir opiniones y comentarios aunque puedan no representar el pensamiento ni ideología del mismo.