El pasado 16 de enero Milagro Sala, la dirigente social proveniente de pueblos originarios, fue detenida por orden del juez de Control, Raúl Gutiérrez, bajo acusación de «instigación pública a cometer delitos y sedición» al organizar un acampe en la plaza central de San Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Según el reciente comunicado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la decisión judicial así está argumentada: «El primer hecho, el delito ‘instigado’ es la ocupación del espacio público con motivo del acampe en la plaza Belgrano de San Salvador, mientras que la ‘sedición’ está descrita como ‘alzarse públicamente contra el Plan de Regularización de Cooperativas’, ya que el reclamo de los movilizados se opone a esa nueva reglamentación», el cual es un intento oficializado por desmantelar dicha organización.
En relación con la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, expresó que «estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión», que asimismo exigió la garantía total de la integridad física de Milagro Sala, además de la inmediata liberación y finalización de la permanente persecución de la dirigente y las organizaciones sociales.
Aunque alzaron sus voces para apoyar la liberación, desde Correpi dejaron en claro que «más allá de las grandes diferencias que nos separan de Milagro Sala y su agrupación Tupac Amaru, repudiamos la persecución y prisión de la que hoy es víctima, ejemplo de libro de represión a la protesta social», mientras en todo el país distintas convocatorias llamaron a realizar marchas por la liberación de Sala y manifestarse contra las políticas impopulares del gobierno nacional.
Por el contrario, el senador Luis Naidenoff declaró que «hay que desbaratar a las organizaciones que con actitudes mafiosas han tomado de rehenes a miles de ciudadanos haciendo uso de millonarios recursos del Estado, generando un poder paralelo al orden institucional vigente para acorralar a un gobierno elegido por el voto popular», y agregó que estas agrupaciones «hacen uso de millonarios recursos del Estado, generando un poder paralelo al orden institucional vigente para acorralar a un gobierno elegido por el voto popular». El funcionario también justificó el accionar del gobernador Gerardo Morales, porque «el pueblo jujeño optó por un cambio, Gerardo Morales fue elegido democráticamente por más del 58% de los votos». Por tal motivo, «Tupac Amaru debe cesar sus actitudes destituyentes y Milagro Sala tiene que dejar de actuar fuera de la ley».
Además, se detalló en el comunicado oficial que «Milagro Sala ha sido acusada de liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos; y de no respetar el plan de regularización de cooperativas decretado por el gobierno provincial, a pesar de no ser autoridad formal de ninguna de ellas». Al respecto de las diversas acusaciones que recibe la dirigente social, el propio gobernador Morales la acusó de recibir 70 millones de pesos mensuales para afrontar las necesidades de los sectores en los que Sala trabaja como administradora, y redobló la apuesta acusatoria cuando aseguró que en el mes de noviembre de 2015 cobró $ 29 millones para realizar obras que nunca llevó a cabo.
Otra funcionaria que se manifestó a favor de la detención de Sala es Alejandra Martínez, diputada nacional por Frente Cambia Jujuy. «El acampe de Tupac Amaru es la manifestación de una líder que resiste la posibilidad de perder poder económico y político, construido en base al manejo de fondos públicos y el abuso sistemático a las libertades de las personas necesitadas de la ayuda social», y agregó que «el poder que tuvo Sala devino en incalculables ingresos y en un sistema de enriquecimiento que se basó en el manejo absolutamente discrecional, extorsivo y perverso de recursos sociales».
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