La Cámara Federal de La Plata ordenó mediante un fallo unánime la suspensión de los incrementos en el valor del servicio de luz y gas en la provincia de Buenos Aires al considerar que el denominado «tarifazo, que en algunos casos significó la llegada de boletas con importes más caros que el propio alquiler de la vivienda, por no haberse desarrollado con una audiencia pública previa a la autorización.
Vale aclarar que como la medida que subió el costo de los servicios está dispuesto en todo el territorio nacional, la cautelar de la Justicia platense impacta sobre la resolución, es decir, sobre todo el país. La medida judicial abarca los aumentos en áreas donde prestan sus servicios las distribuidoras Edelap, Edes S.A., Edea S.A. y Eden S.A.
De esta manera, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó dejar sin efecto «la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia». Además, solicitó que «se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio».
Por su parte, el director de YPF, Emilio Apud, dijo que «el congelamiento a todos los usuarios tiene un costo más alto del que significaría lo que vale la energía» y recordó las «excepciones para comercios y organismos como clubes» y advirtió a quienes se pronunciaron públicamente sobre el aumento de las tarifas de los servicios y a la Cámara Federal de La Plata que rechazó las subas: «Hacer una generalización es muchísimo más caro para la sociedad, a que uno haga el esfuerzo de que uno pague lo que realmente cuesta el gas».
Además, el funcionario defendió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, porque «siempre se le apunta al Ministro, cuando lo único que hace es decir la verdad, de una forma muy cruda».
En la otra vereda se sitúa el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, quien afirmó que «el Poder Judicial no está exento de lo que está sucediendo en la sociedad, en la vida cotidiana. Pero además existen motivos legales por los que se procedió de este modo, como respetar el derecho a la información, tiene que ver con un marco constitucional», en referencia al aumento de las tarifas que dispuso el Ministerio de Energía que afectó a usuarios de todo el país.
Además, el magistrado aseguró que «es necesario realizar una audiencia pública antes de aumentar los servicios, el usuario alguna participación tiene que tener», a la vez que expresó que «lo que se está discutiendo es la racionalidad de las tarifas».
Asimismo, el Juez manifestó que «la Corte debería determinar lo mismo que la Cámara de La Plata» y posteriormente «devolver todo lo que cobraron de más» desde abril a esta parte. «Hay muchos otros derechos involucrados en esta cuestión. El derecho a la vivienda digna implica poder calentarse en invierno, todos los servicios públicos forman parte del derecho a la vivienda», concluyó Arias.