La epidemia de coronavirus y la consiguiente cuarentena producen que debates que en otro momento estarían menos visibles queden a la luz y generen controversias más agudas. Desde el Gobierno se insiste que en esta tan polémica disputa sobre si se privilegia la salud o la economía, mientras que algunas voces comienzan a levantar una tercera opción de salud y economía. La gran duda es cómo atender a ambas cuestiones en paralelo ante un virus que ataca a todo el planeta y en el que ninguna postura pareciera dar una certeza en cuanto a su eficacia.

En ese marco y en medio de una economía parada con el sector de las pymes manifestando su absoluta agonía y amenaza de cierres masivos de locales, algunos sectores reciben aumentos de salarios y otros reviven descuentos y suspensiones.

Adicional legislativo

Los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Sergio Massa en Diputados y Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, firmaron una resolución conjunta por el que los empleados legislativos recibirán un plus salarial por cumplir funciones durante la “Emergencia Sanitaria”.

La Resolución 6/20 señala que la suma extraordinaria comprende al “personal del Congreso de la Nación que durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional haya cumplido funciones de manera presencial para garantizar el mínimo y esencial funcionamiento”. Están excluidos de esta bonificación directores, subdirectores y jefes de departamentos.

También se especifica que esta suma “no servirá como base de cálculo para cualquier otro adicional, bonificación y suplemento, y no será objeto de los aportes y contribuciones de leyes previsionales y asistenciales, ni de las retenciones por cuotas sindicales”.

“Resulta oportuno reconocer a aquellos trabajadores y trabajadoras que han garantizado el funcionamiento mínimo y esencial del Congreso”, se expresa en el texto que precisa que el período a considerar corre desde el 20 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dispuso el distanciamiento social, hasta el 10 de mayo, pero aclara que se puede prorrogar en caso de que la cuarentena se prolongue.

El plus salarial equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas y les será otorgado a los trabajadores que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena. El valor del módulo, desde enero de este año, se calcula en 170 pesos. Si la cuarentena y el aislamiento no se prorroga, los empleados cobrarían unos 70 mil pesos.

No hacer excepciones

Desde Juntos por el Cambio se cuestionó duramente la decisión de los titulares de las Cámaras y, mediante un comunicado, la agrupación manifestó que “en un momento donde todos los argentinos están haciendo grandes sacrificios y las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en una situación crítica, debería ser impensable asignar recursos adicionales que no sean destinados a los trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad, que arriesgan sus vidas y las de sus familias para protegernos».
El texto aclara que el rechazo a la resolución «de ninguna manera busca desmerecer el trabajo del personal del Congreso de la Nación», y subrayó que su «labor es fundamental para el funcionamiento de este Poder». Sin embargo, Juntos por el Cambio considera que no deben «ser una excepción al esfuerzo que debe hacer el resto de la población».

Intencionalidad partidaria

Por su parte, los sindicatos que agrupan a los empleados del Congreso criticaron el comunicado de Juntos por el Cambio y le adjudicaron “especulaciones” por “intencionalidad partidaria”.

La Asociación del Personal Legislativo (APL) y las delegaciones Congreso de ATE y UPCN aclararon que el adicional otorgado por las autoridades de ambas Cámaras al personal que presta tareas esenciales durante esta cuarentena solo alcanza al 1% del personal que conforma la planta de trabajadores y remarcaron que está cumpliendo funciones en “permanente rotación”, por lo que ningún empleado cobraría el total de la bonificación. También señalaron que quedan excluidos quienes estén a cargo de direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamentos, planta política y asesores.

Las planas de APL, ATE y UPCN manifestaron su beneplácito por la licencia excepcional otorgada al personal, como también la aprobación de los protocolos de prevención y la decisión de de sostener con un personal mínimo las funciones para garantizar un Poder Legislativo a la altura de las circunstancias. En ese marco, justificaron “el reconocimiento a aquellos trabajadores y trabajadoras que han garantizado el funcionamiento del Congreso mediante el otorgamiento de un adicional de excepción”.

“Lamentablemente, este reconocimiento fue blanco de especulaciones que se hicieron públicas a través de un comunicado de senadores del interbloque Cambiemos, y del cual algunos de sus integrantes se desligaron o admitieron desconocer, en el que argumentaron demagógicamente su postura hablando sobre una crisis económica y social que data desde hace 4 años”, se indica en el comunicado difundido por los secretarios generales Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN) y Claudio Britos (ATE).

Por último, sostienen que “transitamos una época que requiere de responsabilidad social donde la política debe dar el ejemplo. Por lo dicho, repudiamos las estrategias que con intencionalidad partidaria solo intentaron socavar el reconocimiento público al compromiso del personal legislativo que con esfuerzos ha sostenido un Congreso abierto y en funcionamiento”.

Suspensiones con descuento

El panorama en algunas empresas es contrario al sector legislativo. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron con el Gobierno Nacional un tope en el descuento de salario que se les aplicará a aquellos trabajadores suspendidos por falta de tareas. Alcanzará hasta un 25% del sueldo neto y se establecerá por medio de un decreto o una resolución que será la guía para las negociaciones que mantienen empresarios y sindicalistas durante abril y mayo.

Con esta medida se evita que cualquier trabajador que en las actuales circunstancias no esté realizando tareas cobre por debajo del 75% del salario habitual, a la vez que impide que haya una dispersión de porcentajes de descuentos y se complementa con el pago del 50% del salario por parte del Estado, en rigor de verdad, el monto del que se hace cargo el Estado es equivalente a dos salarios mínimos, es decir, 33.875 pesos.

El convenio recibió el visto bueno cegetista a cambio del compromiso empresarial de no ordenar despidos y abarca a las compañías que se vieron afectadas por el freno de sus actividades a causa de las restricciones impuestas durante la pandemia. El acuerdo regirá por 60 días contados desde el día 1° de abril, por lo que afecta a los salarios de ese mes y de mayo. Habrá que ver qué sucede a fin de este mes con la cuarentena y el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio si fuerza a una prolongación de estos descuentos.

“Es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas”, se señala en el acta suscrita por las tres partes intervinientes. De las discusiones participaron los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA; y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT.