En Latinoamérica existen actualmente 522 pueblos originarios que van desde la Patagonia y la Isla de Pascua hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura Costera del Pacífico, Caribe Continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. Algunas de estas comunidades viven alejadas de la civilización y conservan aún intactas sus tradiciones ancestrales y costumbres. Según el estudio “Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI” del Banco Mundial, el reporte muestra que, a pesar de los avances de la región contra la pobreza, la vida de los pobladores originarios aún se ve afectada en gran medida por la exclusión económica y social.
Según el mismo estudio, mientras que los pueblos indígenas representan el 8% de la población en la región, también constituyen aproximadamente el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres de América Latina. Hoy se enfrentan a grandes desafíos para acceder a servicios básicos y adoptar nuevas tecnologías, ambos aspectos claves en sociedades cada vez más globalizadas.
Alertas epidemiológicas inmediatas
En el contexto de la actual pandemia desatada por el COVID-19, la posible llegada del virus a las regiones que habitan es de extrema preocupación. Desde distintas organizaciones se insta a los gobiernos de cada país para que emitan Alertas Epidemiológicas que permitan notificar hechos y situaciones que respondan a los lineamientos definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ameriten la emisión de estos comunicados para que se activen todas las instancias de Gobierno Propio y aliados en clave de urgencia y prontitud ante la posible presencia del virus en las comunidad indígenas.
Colombia indígena
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena en Colombia (ONIC), bajo los mandatos de la Ley de Gobierno Propio, tiene la obligación de actuar jurídica, política y organizativamente en pro de la defensa de la vida, en especial protección de la niñez indígena y en contra de los procesos de exterminio y extinción física y cultural que atentan contra la pervivencia de los pueblos indígenas. Por este motivo, asume para el cumplimiento de su responsabilidad emitir, a partir del 17 de abril, Alertas Epidemiológicas.
El mismo se da ante el reporte de 3 personas indígenas fallecidas: una mujer de 60 años y dos niños de 3 y 4 meses. 90 personas de la comunidad indígena de Peñas Blancas (resguardo Peña Blanca-Rio, Truandó, municipio de Riosucio) en el departamento de Chocó, presentan síntomas coincidentes al virus: fiebre, tos seca, dolor de cabeza y corporal, y algunos niños presentan ardor en el cuerpo.
Según datos del mismo ente en Colombia, la situación epidemiológica está afectando al 28% de la comunidad y los centros de salud más cercanos se encuentran en Riosucio, a 75 kilómetros de distancia por vía fluvial, y no cuentan con posibilidades de atender casos de coronavirus. Otra situación que agrava el contexto es el recrudecimiento del conflicto armado que tuvo en confinamiento a la población, lo que afecta su capacidad de movilización y abastecimiento de medicinas y alimentos.
Brasil sin contención
En el caso de Brasil, donde el gobierno no toma medidas drásticas respecto a la propagación del virus, presenta 33.682 casos totales con 17.515 activos y 2.141 muertos por COVID-19. Esta semana se conoció la muerte de un adolescente de 15 años de la tribu yanomami, en un poblado de la Amazonía brasileña. El 17 de abril, el Instituto Socioambiental del gigante de Sur América señaló que el coronavirus se había propagado entre los yanomami a través de los mineros que habían entrado ilegalmente en territorio indígena.
El Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA, por su siglas en portugués) pide que se proteja a estas poblaciones, muy vulnerables, frente a esta pandemia. Además, recalcan que «muchas de estas comunidades aisladas carecen de puestos médicos, doctores y medicamentos básicos, por no hablar de los ventiladores que se necesitarían para tratar un brote de coronavirus», dice el ecólogo del INPA, Lucas Ferrante.
En otros países como Ecuador, México, Perú, Chile y Bolivia se centraliza la información y testeos en la población urbana y se poseen pocos datos de las implicaciones en comunidades indígenas, aunque no se descartan casos positivos, si tenemos en cuenta las políticas que tomaron al respecto.
