Hace unos pocos días, el jueves 11 de julio, un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza realizaron una visita al penal de Ezeiza, de carácter oficial, a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en Argentina, entre ellos, Alfredo Astiz.
Las y los representantes implicados en el escándalo son María Fernanda Araujo (de la provincia de Entre Ríos), Lourdes Arrieta (Mendoza), Beltrán Benedit (Entre Ríos), Rocío Bonacci (Santa Fe), Alida Ferreyra (Corrientes) y Guillermo Montenegro (Buenos Aires), que aceptaron la propuesta partidaria extendida por Benedit a los 38 integrantes de la bancada libertaria y que fue rechazada en su mayoría. La visita a la cárcel en Ezeiza tiene un carácter gubernamental porque fue llevada a cabo en un vehículo oficial autorizado por la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, que contó con el aval de Martín Menem, quien también está en ese grupo de WhatsApp. «Quienes quieran asistir enviarme foto y DNI para organizar ingreso con el Director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez (excelente colaborador)», compartió Benedit. Cabe mencionar que Martínez es cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
«En el despacho del Presidente de la Cámara de Diputados estaban al tanto de la visita, porque tenían la lista de los nombres y el destino del vehículo. Seguramente sabrían también a quién iban a visitar», denunció Carlos Bianco, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, advirtió: «Peor que la visita, quizás, es el WhatsApp que luego circuló y que es de público conocimiento, donde dice que no fueron a visitar ni a genocidas ni a represores sino a ‘excombatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista’. Eso le valió una denuncia penal por apología del crimen, llevada adelante por la Comisión Provincial de la Memoria. También en ese WhatsApp, el diputado Benedit sostiene que ‘los juicios de lesa humanidad son una farsa’ y que los jueces que dictaron las sentencias a los genocidas lo hicieron ‘por ideología, venganza y negocios’ y que, por lo tanto, esos jueces ‘deberían ser denunciados en el Consejo de la Magistratura’ y sometidos a ‘juicio político’. El juez Daniel Obligado cursó a la Ministra de Seguridad un oficio con carácter ‘urgente’ para que explique cómo se gestó esta reunión, quiénes participaron y si estaban al tanto las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación».
Al respecto del encuentro, además de Astiz asistieron los condenados Gerardo Arráez, el expolicía Miguel Ángel Britos, Juan Manuel Cordero, el exoficial Adolfo Donda, el exagente de Inteligencia Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, el exagente Honorio Carlos Martínez Ruíz, el exoficial policial Juan Agustín Oyarzábal Navarro, Antonio Pernías y el exmarino Carlos Guillermo Suárez Mason. «Que se filtre, mejor. Hay fotos», celebró en WhatsApp el diputado Benedit cuando se filtró la reunión en Ezeiza.
Al consultarle a Martín Menem sobre este escándalo que reivindica el terrorismo de Estado, el presidente de la Cámara de Diputados desligó responsabilidades y aseguró que «son actos individuales». En consonancia, Patricia Bullrich manifestó que «fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad». «Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y, si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver», minimizó.
Por otra parte, el pasado viernes, Cancillería retomó la demanda en la Corte Penal Internacional contra Venezuela por delitos de lesa humanidad» y, de esta forma, el organismo que encabeza Diana Mondino retrotrae la remisión efectuada en 2018 contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Finalmente, sobre el hecho que implica a representantes argentinos y su visita al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza para conocer la situación de los genocidas condenados, Carlos Blanco se pronunció: «Desde la vuelta a la democracia, el pueblo argentino se ha expresado pública y masivamente cada 24 de Marzo bajo el lema ‘Nunca más’ y no vamos a permitir que los genocidas y los represores tengan ningún tipo de beneficio vinculado a sus penas y al cumplimiento de las mismas. Que son 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos por la dictadura cívico militar y que, desde el Gobierno Provincial, vamos a seguir apoyando y trabajando con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y que vamos a bregar por el juicio a todos los responsables que deben cumplir sus penas en cárcel común, perpetua y efectiva».
