Nueve personas muertas, 55 ciudadanos y 93 policías lesionados y 53 Comandos de Acción Inmediata (CAI) vandalizados, de los cuales 22 fueron incendiados. Este fue parte del reporte del general Moreno, director encargado de la Policía, como balance de los disturbios de la noche del miércoles en Bogotá y zonas aledañas.

En la madrugada del miércoles dos policías con una pistola taser redujeron a un hombre, lo torturaron y después se supo que había fallecido. Pese a que el hombre, un abogado de 46 años y padre de dos hijos, identificado como Javier Ordóñez, les pedía detenerse y algunos vecinos trataban de intervenir y grabaron el hecho, los dos agentes continuaron. Horas más tarde, una ola de personas se congregaron en las calles para visibilizar el hecho. La fuerza policial no se hizo esperar y al arribar a los lugares de concentración dispersaron con balas de goma y violencia. La respuesta de la multitud fue inmediata. La capital comenzó a arder. El objetivo, destruir los CAI, lugares en donde se perpetran la mayoría de los abusos policiales, puertas adentro y en complicidad absoluta.

La incertidumbre de una sociedad que pide justicia por las masacres a líderes sindicales que no se detiene, las desapariciones forzadas y el abuso policial. La violencia y represión invisible en la lejanía de los montes, hoy sacude a la capital y revela que el abuso policial es moneda corriente. En los discursos matutinos, diferentes políticos y altos mandatarios pidieron a la sociedad rechazar los hechos delincuenciales, pero nadie pidió perdón por los civiles muertos con impacto de bala, porque no se había dado orden de abrir fuego. Nadie se refirió a las familias que hoy lloran a sus muertos, a los empleados que no podrán volver a trabajar, a las víctimas de abusos que todavía esperan justicia. Nada de eso se dijo.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la decisión de ofrecer recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información que permita individualizar a personas que participaron en estos hechos violentos, como catalogó a la situación. En su intervención de la mañana, el representante aseguró que en redes sociales se identificaron perfiles que incitaron a la violencia y justicia por mano propia. Sin embargo, poco se dice de la procedencia de las personas arrestadas, la de las armas con las que fueron heridos y las causas reales que provocaron la furia colectiva.

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre el asesinato de Javier Ordoñez. “Desde Bogotá ofreceremos a la familia de Javier asistencia judicial para que haya una condena ejemplar, no solo a los responsables directos sino para que haya una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial. Esto no es de manzanas podridas. ¡La vida es sagrada!”, trinó en su cuenta de Twitter.

Los muertos los sigue poniendo el pueblo

Son los hijos y sus padres los que se baten en las calles, mientras los otros negocian el precio de la violencia. De acuerdo con las cifras que entregó la Fiscalía de la Nación, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 y hasta julio de 2020, en Colombia fueron asesinados 349 líderes sociales. El 52% de estos crímenes ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Iván Duque. Los primeros cinco departamentos con más víctimas por este flagelo siguen siendo Cauca (57 casos), Antioquia (48), Norte de Santander (32), Valle del Cauca (26) y Putumayo (20).

Mientras en los medios masivos se lamentan que las protestas sigan y no permitan los autocines programados para este jueves en la capital, con la vuelta a la nueva normalidad, otros sectores se preguntan si hoy una ola de furia colectiva arrasa con nuevos blancos en la ciudad. Ante la duda, desde el Ministerio de Seguridad se preparan y se decretó la militarización total en Bogotá. La dirigencia siempre tan oportuna, apagando fuego con gasolina.