La comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados de Bolivia convocó, por segunda vez, la realización de una audiencia pública con el fin de efectuar un debate con relación a un proyecto de ley de acceso a la información pública. La normativa, que consta de 47 artículos, fue redactada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y tiene como finalidad impulsar la transparencia, el correcto manejo y administración de los recursos públicos y del Estado Plurinacional de Bolivia.
En la primera audiencia por este tema estuvieron presentes periodistas, el Defensor del Pueblo y miembros de distintas organizaciones civiles, entre ellos el titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, quien aseguró que se analizarán todas las sugerencias hechas para perfeccionar el proyecto, al que calificó como “importante y trascendental”, ya que crea derechos a favor de los ciudadanos.
Entre los participantes estuvieron representantes de la Asociación de Periodistas de La Paz, la organización ciudadana Frente a Frente, el Defensor del Pueblo, la Fundación Construir, el Semanario Aquí, la Fundación Unir y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.
Arce señaló que la experiencia “fue saludable. Hemos escuchado a las nueve instituciones, en su mayoría vinculadas a los medios de comunicación, y al Defensor del Pueblo”.
“Aplaudimos al gobierno de Evo Morales por esta iniciativa. Nosotros comenzamos a trabajar el tema de la ley de acceso a la información pública hace más de una década y celebramos la voluntad del Poder Ejecutivo para promulgar una normativa de este estilo”, señaló Antonio Vargas Ríos, titular de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).
Uno de los ítems del Proyecto de Ley 404/2013-2014 que causó más polémica entre las asociaciones presentes fue el artículo 42, que establece cuáles son las excepciones en el acceso a la información pública. “Este articulo estaría facultando a los órganos del Estado a clasificar la información como reservada, confidencial y secreta”, indicó Vargas Ríos y, en su opinión, “naturalmente esto vulneraría los principios constitucionales y dejaría al libre albedrío de las máximas autoridades ejecutivas la posibilidad de restringir el acceso”.
Al respecto, el Presidente de la comisión de Constitución explicó que fueron aclarados «los fundamentos y acápites del artículo 42”. “Estuvimos trabajando con la base del derecho comparado. Realizamos un análisis a partir de la experiencias de los países y detectamos que las restricciones son mucho más amplias», argumentó Arce.
Sin embargo, el Presidente de la asociación que nuclea a los periodistas bolivianos indicó que “existen algunas consideraciones generales en el cuerpo normativo, como la seguridad o defensa del Estado, que no se encuentran lo suficientemente definidas y, tal vez, puedan abrir una gran latitud interpretativa e incluso generar restricciones”.
Si este proyecto se convierte en ley, Bolivia se agregaría a los trece países de América Latina que ya poseen en su normativa legal una ley que regula el acceso a la información pública. Brasil fue el último en sancionar esta norma, que entró en vigor en mayo de 2012.
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