En los últimos meses Brasil se vuelve noticia en reiteradas ocasiones y no precisamente por «buenas nuevas». Además del cierre de las compuertas que provocó la extrema sequía del Río Paraná, las decisiones políticas de su presidente Jair Bolsonaro que ubican a la nación entre los países con más casos positivos (y muertes) por coronavirus, ahora se suma la denuncia de la organización Human Rights Watch: desde octubre del año pasado suspendieron las multas por tala ilegal en el Amazonas.

Al respecto, el mandatario firmó el decreto 9.790 el 11 de abril de 2019 por el cual paralizó las penalizaciones y solamente 5 fueron los infractores que debieron responder a las sanciones económicas, pese a que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA) emitió miles de multas por deforestación ilegal y otras violaciones de normas ambientales en la Amazonia y otras zonas.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) comunicó un incremento de la deforestación amazónica del 53% entre octubre de 2019 y abril de este año en relación al mismo periodo precedente. “Los agentes federales se esfuerzan por defender el Estado de Derecho. En este caso, las leyes ambientales de Brasil -a menudo, exponiéndose a un riesgo personal considerable- pero el gobierno de Bolsonaro está saboteando su trabajo”, declaró la directora para Brasil de HRW, Maria Laura Canineu. “No se puede disuadir a las redes delictivas violentas que están destruyendo la selva amazónica y el derecho de los brasileños a gozar de un medio ambiente saludable de que cesen en sus conductas con la imposición de multas que no tendrán que pagar”.

Procesos dilatados

El procedimiento ante las penalizaciones fue modificado por Bolsonaro y establece en el artículo 98-B que deben realizarse audiencias de conciliación para acordar descuentos (de hasta 60% de acuerdo con el decreto) o directamente eliminar la multa, que el Ministerio de Medio Ambiente suspendió hasta tanto puedan volver a llevarse a cabo.

Además, hay que resaltar que estas sanciones caducan a los 5 años y en algunos casos a los 3 años, por lo que es habitual que los infractores apelen las mismas y «estiren» el trámite el mayor tiempo posible hasta la exención del pago.

A esto se suman los despidos de autoridades sanitarias y las permanentes críticas públicas del Presidente. “Los agentes ambientales de Brasil se sienten cada vez más amenazados desde ambos lados: por las redes delictivas a las cuales combaten y por el propio gobierno”, expresó Canineu, quien agregó que “temen que, si hacen bien su trabajo, lo puedan perder”.

Finalmente, vale mencionar que el mandatario brasileño emitió un decreto el pasado 7 de mayo en el cual designó a las Fuerzas Armadas para supervisar y coordinar los organismos ambientales, sin detallar de qué manera y con qué recursos van a contar. Lo que sí es claro, es que Bolsonaro quiere arrancar a «las industrias de las multas», como definió al sector medioambiental.