Menos mal que el Estado protege el trabajo, de lo contrario serían todos ricos. Colombia se despierta de un letargo con un tremendo cachetazo: tocaron el bolsillo y el trabajo.

Menos de 1.000 días desde la presidencia de Iván Duque y se refleja lo más temible en un gobierno: dio marcha atrás a un pacto de paz que por años Colombia esperó. Respaldó a la fuerza militar luego de conocerse varios casos de abuso de autoridad y aprueba una ley en contra de los trabajadores. Colombia se pregunta, entonces, cómo afrontar algo que ya es ley.

El Ministerio de Trabajo de Colombia, en su Decreto 2.360 del 26 de diciembre del año pasado, aprobó una ley que no solo favorece a los sectores que operan como empleadores sino que también fija un salario por horas que precariza el trabajo y obliga a trabajar por migajas. Entró en rigor el 1° de enero y con el pago del primer salario se vieron sus efectos.

Sobre el Decreto 2.360

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que «el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la protección especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas», y el artículo 53 ibídem establece como uno de los principios mínimos fundamentales en materia laboral una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

Asimismo, «el artículo 333 superior dispone que la empresa tiene una función social que implica obligaciones y el artículo 334 del mismo cuerpo normativo prescribe que la dirección general de la Economía está a cargo del Estado, en la que intervendrá en los términos allí señalados para el logro de los objetivos constitucionales que le son propios».

El literal d) del artículo 2° de la Ley 278 de 1996 establece que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, contemplada en el artículo 56 de la Constitución Política, tiene la función de «fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia», en el que el vigente para año 2020, a partir del 1° de enero de 2020 como Salario Mínimo Legal Mensual, es la suma de 877.803,00 pesos colombianos, es decir, 262 dólares.

Un salario bien mínimo

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró en el programa Semana en Vivo que “cerca de la mitad de la población está por debajo de un salario mínimo” y añadió que “hay una gran cantidad de personas informales ganándose menos de un salario mínimo que, por supuesto, nunca van a poder acceder a una pensión en el régimen actual”.

Según el Informe mensual del mercado laboral, productividad y salario mínimo de Fedesarrollo (enero de 2018), “actualmente el salario mínimo del país representa aproximadamente el 86,2% del salario mediano y el 57,3% del promedio de los salarios de las personas ocupadas en el país. Estos porcentajes indican que muchos trabajadores reciben remuneraciones inferiores al mínimo legal establecido”, datos que corroboran lo dicho por el ejecutivo de Fedesarrollo.

Sin embargo, el artículo «Trabajadores colombianos: pobres por ingresos» de la Corporación Viva la Ciudadanía, se basa en datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para asegurar que, en efecto, más de la mitad de la población ocupada que informa sobre sus ingresos, el 54.28%, tenía ingresos que apenas llegaban, en el mejor de los casos, al equivalente de un salario mínimo. Al menos la mitad de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan por debajo del mínimo, como indican las cifras del Dane.

La guerra del centavo

Con la migración del país vecino y hermano se complican las cosas en Colombia. O al menos eso dicen desde el gobierno. Sin embargo, un nuevo informe del grupo de defensa de los derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), «Respondiendo a un Éxodo: La Crisis de Migrantes y Refugiados de Venezuela Vista Desde las Fronteras con Colombia y Brasil», los expertos Geoff Ramsey y Gimena Sánchez-Gárzoli denuncian una serie de políticas y regulaciones adoptadas por el gobierno de Colombia, dificultando que los venezolanos accedan al necesario apoyo humanitario que incluye refugio, atención médica, programas sociales y oportunidades de empleo a fin de mitigar el riesgo de que los venezolanos puedan volverse vulnerables al reclutamiento por grupos delictivos armados activos a lo largo de la frontera. Por ejemplo, el único refugio oficial del gobierno colombiano para migrantes venezolanos, en Cúcuta, tiene capacidad para solo 250 migrantes y se encuentra mayormente vacío, ya que solo está abierto para migrantes con todos sus documentos en orden (que solo una pequeña minoría tiene).

Con base en una encuesta, a junio de 2019 el observatorio del Proyecto Migración Venezuela estimó que 1.506.270 venezolanos vivían en Colombia. Más que nunca se precariza la mano de obra. Todo se vale en esta guerra del centavo. Los patrones contratan al más barato. Desde el Ministerio de Trabajo responden con una ley que autoriza el pago por horas trabajadas. Los colombianos que por años vieron aumentar sus salarios de manera tacaña hoy agudizan su tristeza y lo expresan en miles de memes que circulan por las redes. Se ríen por no llorar, dicen algunos.

Al presentar la actualización del Plan Financero 2020, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que la expansión de la economía colombiana en 2019 y la proyección de 2020, comparada con el histórico “es regular”, pero frente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial “es bastante bueno”, y frente a la región es “muy bueno y muy destacado”. Qué lástima que no se vea reflejado en la calidad de vida de todos los colombianos.